Hace medio siglo, la ciudadanía aragonesa vivió los últimos años de la Dictadura, en un contexto de crisis económica y política vinculada a la sucesión del anciano dictador. Una crisis económica e industrial, desencadenada en 1973 con la fuerte subida del precio del petróleo, que acompañaba una decadente trayectoria de la economía aragonesa afectada por fuertes transferencias negativas en recursos humanos (desmantelamiento rural con emigración neta), energéticas y financieras, que se sumaban al desguace de su principal complejo agroalimentario (el remolachero-azucarero), así como de parte de su sistema bancario local y de su red ferroviaria. 

Y que se enfrentaba asimismo a nuevas y graves amenazas, como el proyecto de trasvase de aguas del Ebro o la instalación de varias centrales nucleares en su cuenca.

La muerte del dictador a finales de 1975 inició el difícil y largo camino de transición a la Democracia que culminaría con la Constitución de 1978 y el establecimiento del Estado social y democrático, pero también del Estado de las autonomías.

Aragón contribuyó a dicha construcción democrática desde la sociedad civil y desde la consolidación de partidos democráticos que recogían las aspiraciones de la ciudadanía. La demanda de democracia se unió en esos años a la consecución de autonomía política, como un instrumento –se dijo en Caspe en 1976 en el acto conmemorativo del XL aniversario del proyecto de Estatuto de Aragón de 1936– "jurídico-político que nos permita y posibilite un control democrático en la gestión de nuestros recursos".

Así, a principios de los años setenta, frente al nonato proyecto de reforma regionalista franquista de creación de una Mancomunidad de Diputaciones Provinciales, se alzó en Aragón la creciente demanda de Autonomía política. Esta demanda, inicialmente promovida por los emergentes sectores progresistas de la sociedad aragonesa a principios de dicha década, fue ya asumida años más tarde por sectores conservadores democráticos. Tuvo su fiesta mayor en la gran manifestación autonomista del 23 de abril de 1978. Del mismo modo que para la construcción del texto constitucional fue necesario un amplio pacto de los distintos partidos democráticos, el desarrollo autonómico exigió acuerdos amplios del arco parlamentario que solo pudieron fructificar tras el fallido intento de golpe de Estado de 1981, en los pactos entre UCD y PSOE. Ello posibilitó la aprobación del Estatuto de Aragón a finales de 1982 y, tras las elecciones de mayo de 1983, la formación de las primeras Cortes y el primer gobierno democrático de Aragón.

Han transcurrido cuatro décadas de gobierno autonómico en Aragón. En este tiempo, la economía y la sociedad aragonesa, al igual que la española –en el contexto de importantes cambios tecnológicos y fuertes procesos de globalización–, han experimentado profundas transformaciones. Cambios económicos estructurales con los que se ha avanzado decididamente hacia su terciarización como economía de servicios, pero manteniendo su especialización industrial; y afirmando a su vez su apertura al exterior protagonizada ya por una creciente internacionalización. En este tiempo, Aragón ha duplicado su PIB per cápita y se ha situado por encima del nivel medio español.

La consolidación del protagonismo de las autonomías en el proceso de descentralización del Estado es evidente: alcanza su gasto en torno al 40% del gasto público del país. El traspaso efectivo a Aragón de las competencias de Educación y Sanidad en los años interseculares multiplicó el peso del gasto autonómico, que ya se ha situado durante las últimas dos décadas en torno al 16% de su PIB. El Gobierno de Aragón se ha convertido en un importante protagonista de la vida económica aragonesa y muestra una creciente capacidad de intervención en la economía, tanto a través de regulaciones de los agentes como mediante su presencia directa en el ámbito empresarial, con sus participaciones directas agrupadas en la Corporación Empresarial Pública de Aragón creada a finales de 2007.

Evaluar el papel de la Comunidad autónoma en la trayectoria económica y social de Aragón durante estas décadas, en el contexto del desarrollo del Estado de las autonomías, constituye una tarea ciudadana importante. Hace unos meses, el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza, en el contexto del XL aniversario del Estatuto de autonomía de Aragón, editaron un libro colectivo con tal título y objetivo. Presentarlo en público y debatir sus contenidos parece una buena oportunidad para reflexionar en tal sentido: hoy miércoles, sus editores, los catedráticos de la Universidad de Zaragoza Manuel Contreras y Carlos Forcadell, lo harán junto con diversos autores del texto en la Biblioteca de Aragón (19.00 horas, abierto al público). Porque resulta imprescindible valorar el pasado desde el presente, para mejor entender este y las oportunidades del futuro.