Todo indica que Pedro Sánchez y el Partido Socialista están dispuestos a incurrir en uno de los mayores desafueros que han tenido lugar en la democracia española: promover, a sabiendas de que no cabe en la Constitución, una amnistía que echaría tierra sobre las consecuencias penales de la intentona golpista del separatismo en 2017. Pero a ese atropello al Estado de derecho se unen medidas financieras preocupantes, como la condonación parcial de la deuda, que atenta contra el principio constitucional de igualdad de todos los españoles y se deja al margen del Consejo de Política Fiscal.

Pretender, como ha dicho el presidente del Gobierno en funciones, que la amnistía va a aprobarse «en beneficio de España» no es sino un burdo sofisma, cuando es manifiesto que de lo único que se trata es de conseguir los votos que necesita para continuar en la Moncloa. Pero alcanzar la investidura apoyándose en grupos que quieren liquidar la Constitución y fracturar España, y haciéndoles concesiones que deterioran gravemente el funcionamiento de los poderes del Estado, supone como poco una temeridad en la que ningún político sensato y democrático debería incurrir. Además, el pacto con los independentistas, en cuyas manos ha dejado Sánchez la gobernabilidad del país, incluye otros aspectos que merecen una seria crítica. La condonación parcial de la deuda de las autonomías con el Estado, aunque alcance a todas las comunidades, supondrá de hecho un premio para las que, como Cataluña, han derrochado, mientras que las que, como Aragón, han seguido una política financiera prudente y ajustada se verán perjudicadas. La medida se toma al margen del organismo en el que están representadas todas las comunidades y cuando aún está pendiente la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Los pactos de Sánchez con los separatistas deterioran el Estado de derecho, el Partido Socialista no debería dar este paso.