El descuelgue
Sin alcanzar a descubrir cómo podía participar en el control de un relato en manos del PP, la Diputación de Zaragoza (PSOE) se descolgó el pasado viernes del proyecto de construcción del nuevo campo de fútbol. La justificación, apoyada en una supuesta falta de información, aunque el presidente Juan Antonio Sánchez Quero nunca llegó a reunirse ni con el presidente Jorge Azcón ni con la alcaldesa Natalia Chueca, deja al descubierto las vergüenzas de un proceso fallido que ha impedido el acuerdo y que muestra una reiterada falta de capacidad para identificar los grandes asuntos estratégicos. Al margen del actual problema de liderazgo que padece el PSOE, la decisión tomada por Sánchez Quero coloca a los socialistas en un escenario de máximo desgaste al que, incomprensiblemente, ellos mismos se han dirigido. Así, si tanto el campo como la designación de Zaragoza como sede del Mundial salen adelante, el mérito será del PP, a la vez que si, por el contrario, los plazos no se cumplen y en 2030 la ciudad se queda sin fútbol internacional siempre existirá el argumento de la falta de apoyo prestado por el PSOE.
Que la Diputación se excluya, después de que en el PSOE se llegará a dar por segura la participación, es sinónimo de una irreconciliable ruptura con el PP y con el club, en especial después de que Sánchez Quero acusara a los populares de «haber utilizado electoralmente» el proyecto en connivencia con el Real Zaragoza. Queda por saber qué hará ahora el PSOE de Aragón y si su rechazo implica que tampoco presionará al Gobierno central –aprovechando la coincidencia de color político– en favor de la candidatura de Zaragoza. Puede que a Sánchez Quero le dijeran, tras el encuentro con el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, que Zaragoza cuenta con pocas posibilidades de acoger el Mundial o que el presupuesto del campo es muy superior a lo pensado por el Ayuntamiento, pero lejos de defender lo que se presuponía común optó por retratarse en la ruptura y sin alternativa alguna.
La interlocución, que en este asunto lidera el Ayuntamiento, se ha venido manteniendo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), organismo que, por cierto, esta semana recibió la visita de los delegados de la FIFA. La fecha de final de octubre nació de la necesaria seguridad jurídica que demanda la RFEF para conocer si Zaragoza puede incluirse entre las sedes mundialistas. Sin campo de fútbol y sin el imprescindible consenso parecía lógico que se buscase una concreción en un calendario que la FIFA, tal y como demostró al adelantar el anuncio de que España acogerá el Mundial, puede modificar en cualquier momento.
Con la indiferencia como argumento, la Diputación ha dejado claro que ni el Mundial ni el campo le parecen claves. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, sorprendía esta semana expresándose en este sentido cuando dejó entrever que tan válida como un estadio de nueva construcción era una reforma y que el Mundial tampoco suponía un fin en sí mismo. Lo que en realidad estaba haciendo Ranera era anticipar la decisión que se tomaría el viernes mientras marcaba políticamente las declaraciones que unos días antes había realizado la alcaldesa cuando señaló que «ser sede del Mundial es el mejor proyecto que tenemos para la próxima década». Arriesgó en exceso la alcaldesa al fiarlo todo al Mundial, aunque el PSOE también descubrió la distancia que tenía con un plan que terminaría calificando de fracaso y farsa.
Bajo la urgencia de ofrecer una respuesta a la RFEF, Ayuntamiento y DGA ultiman estos días el argumentario jurídico y económico del estadio. La idea es avanzar y no detenerse aunque, más allá de los que reclame la RFEF, la mirada se eleva ahora hacia el Gobierno central y a su capacidad para reconocer el estatus de Zaragoza como cuarta ciudad de España.
