La gran infamia
Tras varias semanas asistiendo a la gestación de la investidura presidencial amnistía mediante, hay suficientes elementos de juicio para renegar del enfoque legalista con el que se está abordando este proceso. Un proceso que no es sino la continuación del ‘procés’ por otros medios, su extensión al campo estatal y su vigorización mediática.
Movámonos al entorno propicio para impugnar la gran infamia que se cierne sobre la España constitucional, que no es el cortesano, sino el callejero. Hay que proclamar sin ambages la amoralidad, cuando menos política, de todos los implicados de cualquier modo en la apostasía constitucional. Yo les acuso de engaño consciente: si el diálogo y la indulgencia fueran útiles para restaurar la convivencia en Cataluña, ¿por qué ahora? ¿Acaso el mismo Gobierno que se postula no es el que viene oficiando durante la pasada legislatura? ¿Cuánto más cara cotiza hoy la carne de socio parlamentario?
También les acuso de deslealtad selectiva, por pactar con quienes fueron, son y serán reos de actos de rebeldía tumultuosa y de lesa convivencia, entregando a una población víctima de coacciones a sus agitadores. Les acuso de cooperación necesaria con una banda de promotores de un expolio patrimonial y sentimental. Yo les acuso de alentar a una caterva de cobardes, remisos a afrontar sus responsabilidades políticas, ni siquiera aprovechando el vistoso altar judicial que se les brinda para defender su causa, como hicieron otros no más virtuosos que ellos. Les acuso de torpeza política calculada, por participar en un mercadeo cuyo fracaso a medio plazo está garantizado, y por contribuir a reducir el respetable catalanismo a la vil especie del secesionismo.
Con la ‘noblesse de robe’ rechazando casi unánimemente la amnistía –hay ominosas excepciones–, con el argumentario jurídico en contra prácticamente agotado, creo que la aproximación al problema desde el Derecho resulta estéril y hasta contraproducente. La proliferación de dictámenes expertos facilita el despliegue de otra técnica más de manipulación de las últimamente empleadas para lograr la aceptación social de lo intolerable, por la doble vía de, primero, saturar y fatigar a la opinión pública y, segundo, tecnificar el discurso para despojar a la ciudadanía de su opinión privada.
No pretendo deslucir la brillantez de los análisis de académicos y forenses, empleados a fondo para cortocircuitar la intención declarada de pagar un rescate por el secuestro de la democracia del 78. Pero, tristemente, casi no quedan resortes institucionales que activar para hacer efectiva esa discusión bizantina, ya que la decisión de amnistiar no será ni ejecutada ni abortada por pronunciamientos basados en teoría o interpretación jurídica alguna. No es una cuestión de Derecho sino de dignidad y hasta de sentido común. Con la amnistía, el Estado se privará a sí mismo incluso de su capacidad de perdonar, como hizo ya con los indultos.
Las partes intervinientes en este negocio carecen de categoría para comprender y respetar el Derecho y sus principios fundamentales, ni están por esa labor. Prefieren retorcer las leyes o fabricarlas a medida, ya que, según profesan, la ley es la manifestación de su llana voluntad y el vehículo para materializar sus ocurrencias y conveniencias. Hubo un tiempo, superadas épocas anteriores cuya lógica estamos recuperando peligrosamente, en que las leyes se consideraban como instrumentos para limitar y someter al poder, orientándolo al bien común. Hoy la idea de ley se ha revertido y se vuelve a concebir como una herramienta para someter a la sociedad, conduciéndola a la militancia en pos de valores oficiales. Todo dicho sin matices, que deben ser excusados en una hora crítica como la actual.
Acuso, juzgo y condeno, desde los estrados de mi legítima y personal conciencia democrática, a todo infame que para obtener una investidura de cuatro años sea capaz de humillar a un Estado con cuarenta y cinco años de legitimidad bien probada. Y archivo el expediente para que perdure en mi humilde, pero inalienable, memoria democrática.
