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  • Editorial

La FIFA apremia a Zaragoza

Vista de la nueva Romareda diseñada por el arquitecto César Azcárate, del equipo de Idom.
Vista de la nueva Romareda diseñada por el arquitecto César Azcárate, del equipo de Idom.
Idom

España organizará el Mundial masculino de fútbol de 2030 junto a Marruecos y Portugal, con quienes conformaba una de las dos candidaturas que valoraba la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) después de que la formada por Paraguay, Uruguay y Argentina haya dado un paso al lado a cambio de organizar los tres partidos inaugurales. 

Así, la Copa del Mundo regresará a España 48 años después de la disputada en 1982, aunque todavía se desconoce cuáles serán las sedes y qué partidos albergará. Esta temprana adjudicación aumenta la presión sobre Zaragoza, que, aunque ha presentado su candidatura, en estos momentos no cuenta ni con campo ni con proyecto aprobado ni con financiación segura.

La noticia, completamente inesperada, ha sobresaltado al mundo del fútbol. La FIFA, ignorando el proceso abierto hasta ahora y que debía desembocar en una decisión oficial en diciembre de 2024, ha anunciado que la elegida es la candidatura que conforman España, Portugal y Marruecos. Ha dado a conocer quién organizará el Mundial de 2030, pero será a partir de ahora cuando se asegure de que los países elegidos cumplen los criterios. De hecho, no hay fechas exactas ni sedes concretas para los partidos. En España, por ejemplo, hay quince estadios que han pedido ser sede, desde el Santiago Bernabéu a San Mamés. De ellos, probablemente los finalmente seleccionados serán menos de diez.

El hecho de que España ya sea la principal anfitriona obliga a Zaragoza a aclarar cuanto antes el futuro de la nueva Romareda o corre el peligro de quedarse fuera de las elegidas. Ante la reciente renuncia del club al concurso público para construir el estadio, urge una solución que pasaría por constituir una sociedad mixta público-privada en la que, además del club, deberían estar presentes la DGA, el Ayuntamiento y la DPZ. Este consenso político e institucional puede permitir, además, que Ibercaja esté dispuesta a estudiar su participación en el proyecto. 

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