El debate territorial en nuestro país siempre suele venir marcado, sucesivamente, a iniciativa de los partidos nacionalistas e independentistas. Plantean el reto de la superación del modelo de Estado autonómico consagrado por la Constitución de 1978 y su avance hacia la consecución de un modelo confederal o, incluso, secesionista.

Ello genera, por el contrario, respuestas de resistencia de los partidos mayoritarios y de rechazo/recentralización del modelo autonomista por la extrema derecha.

El modelo autonómico español ha mostrado su fortaleza en cuanto a la creciente descentralización de competencias desde el Estado central a las administraciones autonómicas, alcanzando un alto grado de autogobierno. Sin embargo, este proceso debería estar mejor definido constitucionalmente y recoger explícitamente qué competencias corresponden al Gobierno central y cuáles a las autonomías. La consolidación del modelo autonómico se ha ido aproximando hacia un modelo federal desde un punto de vista funcional; no obstante –como ha señalado, entre otros, el profesor F. Carreras–, le ha faltado "la otra cara del federalismo, la integración, el desarrollo de los principios de colaboración, cooperación y coordinación de las comunidades autónomas con el Estado, y de ellas entre sí, además del principio de participación en las instituciones estatales".

Así, nuestro modelo autonómico debería reforzar su federalización e intentar promover mecanismos de cooperación interregional sectoriales –la pandemia nos ofreció ejemplos alentadores en ese sentido en el ámbito sanitario– y de cooperación de las comunidades autónomas con el Estado, y de participación en sus instituciones (no solo la reforma del Senado como Cámara territorial, también la descentralización, fuera de Madrid, de instituciones del Estado). Este reto supone una mejor integración del sistema y una mayor eficacia en la gestión pública.

Pero avanzar en la consecución de este reto supone entender que el modelo federal es transversal, más eficiente e integrador de las comunidades en el Estado. Avanzar en dicho proceso exige el compromiso de los distintos partidos valedores del Estado autonómico en pactar dichas reformas. Supone pasar de la actitud defensiva de dichos partidos frente al reto confederal a una actitud de fortalecimiento del modelo territorial español en sentido federal, mejorando su eficacia e integración.

Es claro que nuestro peculiar Estado autonómico es asimétrico, reconoce singularidades –la más relevante, el reconocimiento constitucional de territorios forales con sistemas especiales de financiación–. Ello supone la existencia de relaciones bilaterales de comunidades autónomas con el Estado. Pero la fortaleza del sistema exige, prioritariamente, la consolidación de un sistema de relaciones multilaterales (interregionales y coordinadas con el Estado), todavía hoy en estado embrionario. También supone la existencia de un sistema de financiación autonómica ampliamente consensuado, donde los principios de solidaridad interregional y de armonización fiscal estén presentes y sea transparente su gestión.

La presión de una parte del nacionalismo hacia el establecimiento de un marco confederal en España es una cuestión inasumible en el marco constitucional y en el ámbito europeo. Seguir conviviendo con ella en el futuro, sin embargo, parece algo inevitable. Pero reforzar la construcción común de nuestro Estado exige integrar más y mejor a las comunidades autónomas en el Estado mediante el incremento de dichas relaciones y la exigencia de lealtad en su funcionamiento. En definitiva, un Estado único y descentralizado, que integra mejor a sus comunidades autónomas –que comparten con aquel el poder político– y a su ciudadanía.

Los partidos que apoyan el Estado de las autonomías, pero también la sociedad civil deben ser los principales valedores de este importante reto. Avanzar en ese consenso no debería ser la respuesta a la presión de acontecimientos externos (recordemos que el pacto autonómico de julio de 1981 entre el PSOE y el PP se produjo tras el fallido golpe de Estado de febrero). Tampoco solo como respuesta a la defensiva ante la amenaza del proyecto confederal. Con la convicción de que la diversidad de nuestra sociedad encuentra en el avance hacia un modelo federal del Estado una mejor integración y eficacia en su gestión.

Desde Federalistas de Aragón, partícipe junto con otras asociaciones similares territoriales en la Asociación por una España Federal, somos conscientes de la necesidad de avanzar en este reto de federalización de nuestro Estado.