El pasado compartido puede servir para cohesionar a la sociedad proporcionándole referencias comunes que den sentido al día a día, que faciliten la convivencia y que capaciten para forjar proyectos colectivos. Pero también puede ser un foco de discordia alimentando heridas que no cierran y que impiden comprenderse como sociedad. 

De ahí que los poderes públicos se hayan dotado de una herramienta, como es la Memoria Democrática, para intentar suturar las heridas del pasado sacando de la sombra e intentando reparar, en términos memorialísticos, a las víctimas y perseguidos de otro tiempo por ideas que hoy constituyen la columna vertebral de nuestras virtudes cívicas.

Como la historia está ahí, y no sirve de nada ocultarla mientras nos interpele sobre cómo hemos llegado hasta el hoy que nos une, lo mejor que podemos hacer con ella es abordarla con rigor y profesionalidad, y convertirla en un relato compartido que sirva de referencia para la construcción de las diferentes memorias que conviven en una sociedad como la nuestra. Entre otras cosas, porque las víctimas y los perseguidos de esa historia somos nosotros mismos. Por eso resulta preocupante que el actual gobierno de Aragón, entre los acuerdos poselectorales para conformar el nuevo ejecutivo, presentara en una posición destacada la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón. Como si no fuera necesario pensar nuestro pasado en clave democrática, con esta o con cualquier otra ley.