Miles de personas se manifestaron ayer en Madrid en contra de que se amnistíe a quienes tomaron parte en la intentona separatista de 2017. Fue una expresión perfectamente democrática del rechazo que produce a la mayoría de los españoles la posibilidad de una medida que supondría la impunidad de unas actuaciones muy graves en contra del orden constitucional y que pusieron en peligro la convivencia. La amnistía no cabe en la Constitución y forzarla significaría un serio deterioro del Estado de derecho y de la legitimidad de la democracia española.

El Gobierno en funciones no ha dicho que vaya a conceder la amnistía a quienes participaron en la declaración de independencia de 2017, pero ha dado a entender claramente que está dispuesto a considerar esa posibilidad. Y los partidos del independentismo catalán, Junts y ERC, han afirmado que esa medida ya ha sido aceptada por Sánchez, sin que este lo haya desmentido. La negociación con los separatistas para contar con sus votos de cara a la investidura está llevando así al presidente en funciones a un terreno muy peligroso. La convocatoria de la manifestación de ayer, que el Gobierno quiso descalificar como ‘golpista’, es una expresión legítima y democrática en contra de una medida que no cabe en la Constitución y que significaría asumir los argumentos de los separatistas sediciosos, poniendo en cuestión la actuación del Estado de derecho. Más allá del resultado de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que comienza mañana, o de la que pueda protagonizar más adelante el líder del PSOE, Pedro Sánchez y su partido cometerían, aceptando el chantaje de los separatistas, un grave error que provocaría un mayor deterioro de la situación política, agudizaría la polarización de la sociedad y erosionaría el marco constitucional que garantiza la convivencia. Por eso, muchos españoles manifestaron ayer su rechazo.