La amnistía no es jurídicamente admisible ni, en el actual contexto, democráticamente tolerable, ni políticamente oportuna. Su encaje en el marco de la Constitución es mucho más que improbable, por prohibir ésta expresamente los indultos generales (con más razón la amnistía), establecer implícitamente el principio de separación de poderes (que la amnistía dinamita) e impedir, sin duda, la celebración de un referéndum de autodeterminación (que la amnistía favorece, al reconocer indirectamente su licitud). Desde el punto de vista democrático, aprobar la amnistía habiéndola negado expresa y recientemente en campaña, sobrepasa la frivolidad y raya el fraude. Por último, desde una óptica política, prestar respiración asistida al separatismo, y especialmente a Puigdemont, en un momento en el que su figura estaba más que amortizada, es poco sagaz. Máxime sabiendo que, ante la relativa inminencia de las elecciones catalanas, las -discretas- posibilidades del PSC pasan por que los independentistas no crezcan mucho respecto a las generales.

Teniendo en cuenta ello, hay que confiar, aunque cada vez con menos convicción, en que un partido de Estado como el socialista no se deslizará por esta resbaladiza pendiente que desemboca en una situación política aciaga: la gobernabilidad dependería de una formación populista, en las formas -como casi todos- y en el fondo -como nadie-, que es refractaria a plantear el debate político, en este caso en su dimensión territorial, con racionalidad.

Pablo Guerrero Vázquez es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza