Semana tras semana el nuevo Gobierno regional se adentra en la legislatura afanado en la revisión de las cuentas y en los números dejados por el anterior Ejecutivo socialista. Como siempre, y esto ya es un clásico en la política nacional, los traspasos de poderes se han acostumbrado a convivir con la controversia. 

Lo que para unos es orden y transparencia para otros es sinónimo de cajones repletos de partidas sin consignar o compromisos inasumibles que complican la elaboración de un nuevo presupuesto. La impresión de los populares es que en la cabeza de los socialistas no entraba la posibilidad de la derrota electoral y que la casa quedó ordenada a gusto y capricho de los anteriores inquilinos.

Los populares, en cualquier caso, ya ejercen y controlan las riendas de la DGA. Los avances en la elaboración del presupuesto autonómico cuentan con que el próximo año económico será bueno. Las previsiones de ingresos y las transferencias del Estado, a las que se añade el dinero procedente de Europa, describen una situación, pese a las primeras nubes que ensombrecen la economía nacional, sensible al gasto y que atenderá con tranquilidad los presupuestos en educación y sanidad. Garantizada la estabilidad de estas dos consejerías que absorben buena parte de los recursos, el aterrizaje de Jorge Azcón se prevé suave, sin sobresaltos internos ni mareas y camisetas de colores en la calle.

La coalición con Vox, mientras tanto, se ajusta de una manera más acorde a los intereses de los populares. Pese a que Azcón no logró cerrar la crisis abierta por los dos directores generales de Vox pillados en nostalgias franquistas tal y como a él le hubiera gustado, los voxistas discurren por el Gobierno con un perfil bajo y sin tener muy claras sus ocupaciones ni oportunidades políticas. Disciplinados y atendiendo directamente a los requerimientos procedentes de Madrid, algo que introduce una abierta incertidumbre sobre las reacciones del vicepresidente Alejandro Nolasco, Vox parece haberse quedado encapsulado en el Ejecutivo para convertirse en el principal argumento de la oposición socialista.

Sin que Azcón haya logrado cerrar el Gobierno por completo, todavía quedan por cubrir varias direcciones generales y organismos tan relevantes como el Inaga o el IAF, parte de su trabajo se ha demostrado centrado en controlar el mapa azul de la Comunidad, el poder territorial del PP. Así, por ejemplo, la nueva Romareda, crítica para Natalia Chueca, ha contado con su rápido respaldo, convencido de los muchos riesgos políticos que conlleva este nuevo contratiempo. Azcón, que no quiere tropezar con los asuntos que generan opinión entre los aragoneses, sabe que su condición de barón del PP se construye en concentraciones como la que hoy se celebra en Madrid contra la amnistía a los líderes secesionistas y en proyectos locales que concedan credibilidad a sus actuaciones.

La posible instalación de la fábrica de baterías de Stellantis es, sin lugar a dudas, ese proyecto que espera Azcón y que cambiaría el entorno económico de la Comunidad fijando la mejor de las líneas de colaboración con el Gobierno central. El presidente de la Comunidad, que conoce la falta de orden interno que afecta al PSOE de Aragón tras la derrota electoral de mayo, busca consolidar un tono político que le permita enlazar una segunda legislatura. Un reto que, hasta la fecha, no han logrado los populares.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Mikel Iturbe)