Desigualdad fiscal
Libertad e igualdad son dos valores esenciales en una democracia, no siempre bien interpretados por parte de quienes tienen que hacerlos realidad. Si nos centramos en la igualdad, necesaria siempre y en todos los campos, tanto las políticas del PP como las del PSOE han supuesto en muchas ocasiones un trato desigual a los distintos territorios autonómicos.
Nada discrimina más y nos hace más desiguales en España que una mala, insuficiente, injusta y complicada financiación autonómica, así como un sistema fiscal deficiente que incumple el mandato constitucional de que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad". Se incumple el mandato a nivel estatal y autonómico, aunque es verdad que la presidenta Ayuso, aprovechándose del efecto de capitalidad de Madrid, es la que más desigualdad tributaria ha creado en España, junto con las autonomías del PP que le copian, hasta ahora Andalucía, Extremadura, Galicia, Valencia… Su discriminatoria política de bajar y bonificar impuestos en Madrid creando agravios (y eso que Ayuso suele repetir que Madrid es España) beneficia sobre todo a las grandes riquezas, con patrimonios de más de 10 millones de euros, que lleva a dejar de ingresar, según la AEAT, más de 1.200 millones.
En materia fiscal, bajar los impuestos sin tener en cuenta la capacidad económica crea desigualdad. Pasa con el IRPF o con la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio, entre otros tributos. Junto a la desigualdad y al hecho de quitar ingresos para los servicios públicos, se ve afectada también la función redistributiva de la riqueza.
Resulta curiosa la defensa en genérico de la igualdad por parte del PP, cuando fue precisamente José María Aznar quien dio en 2002 a las comunidades autónomas capacidad normativa para modificar las tarifas, las deducciones y bonificaciones en los impuestos cedidos por el Estado. Desde entonces se fue gestando la dañina competencia fiscal entre autonomías. Desigualdad que podría reducir el Gobierno central si limitara, por ejemplo, la facultad normativa de los tributos cedidos que tienen los gobiernos autonómicos.
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