Cesiones de diputados
El art. 23 del Reglamento del Congreso de los Diputados, establece que para formar un grupo parlamentario, los diputados deben formar un grupo no inferior a 15 miembros (o bien en un número igual o superior a 5 si se cuenta con, al menos, el 5% de votos en el conjunto del país o el 15% de votos en las circunscripciones donde hayan presentado candidatura).
Tras los resultados de las elecciones generales y en la búsqueda de apoyos para acceder a la presidencia de Gobierno, PSOE y Sumar han materializado la primera concesión a Ezquerra y Junts cediendo 6 diputados para que estos partidos independentistas puedan formar grupo parlamentario en Tarragona y Gerona, donde los votos obtenidos no llegaron al 15%. Esta cesión de diputados es por unos días hasta que se constituya el grupo, y se repetirá cuando toque en el Senado. Luego, los diputados cedidos ‘vuelven’ a sus grupos. Parece una burla a los votantes de PSOE y Sumar en esas provincias, donde los diputados se prestan para favorecer los intereses independentistas. Los resultados de las elecciones parece que no tienen verdadera relevancia, porque luego la ingeniería política es capaz de adulterar lo que han votado los ciudadanos. Tener grupo parlamentario garantiza tener representación en la Diputación permanente, en la Junta de Portavoces y en todas las comisiones que sean creadas, derecho a plantear reformas legislativas que con la ley en la mano no podrían hacer y, sobre todo, permite más intervenciones durante el desarrollo de las sesiones plenarias y más tiempo. En cuanto a las ventajas económicas, los grupos reciben una cuantía fija mensual de 30.346,72 euros más una subvención mensual a cada diputado de 1.746,16 euros. Como estos diputados entran a formar parte de las comisiones remuneradas, recibirán además otra subvención extra mensual. Estas concesiones previas a los partidos independentistas les van a fortalecer política y económicamente a costa del resto de los partidos (¿por qué a unos sí y a otros no?), que se quedarán sin poder formar grupo parlamentario. Y al final lo sufriremos y pagaremos todos los españoles. ¿Es progresista retorcer la ley para conseguir objetivos personales?
