Sin consenso, imposible
En origen falló el mensaje de que además de un campo de fútbol para el Real Zaragoza el proyecto de la nueva Romareda debía ser un gran equipamiento para la ciudad, una pieza urbanística de la que colgar un polo de desarrollo dotado de la fuerza y la filosofía necesarias como para contribuir a un crecimiento ordenado de la capital.
Abordar el estadio como un hecho aislado, reducido a lo meramente arquitectónico, dificultaba también la posibilidad de encontrar una solución a la delicada situación económica del club. Aceptando la trascendencia social y la condición emocional que arrastra una sociedad anónima deportiva, el empleo de la palanca del campo para dar estabilidad al club, pese a las diversas fórmulas legales estudiadas, incluidas las propuestas de explotación, han venido sufriendo el ataque de la desconfianza, confirmando que más que alternativas lo que no existía era un acuerdo sobre el futuro del Real Zaragoza y el campo de fútbol.
La falta de criterios compartidos, en especial los políticos, ha sido y es la causa y origen de este fracaso que, a día de hoy, aún no ha logrado descubrir cuándo y cómo se construirá el nuevo campo. Mientras otras ciudades españolas han sabido aprovechar los últimos 25 años para dar forma a sus ideas, en Zaragoza el enredo, la polémica y la judicialización se han apoderado de un proyecto sacudido por la mirada cortoplacista y las luchas partidistas que han llegado a cuestionar una inversión millonaria. Sin necesidad de retroceder demasiado en el tiempo, siendo alcalde Jorge Azcón descubrió una oportunidad en el campo de fútbol que fue esgrimida como argumento electoral. El expresidente Javier Lambán creyó, por su parte, que aplicar la distancia y engordar la suspicacia frenarían la ventaja que en este asunto atribuía al PP. Como actor secundario, Podemos, que las urnas han terminado dejando fuera del Ayuntamiento, optó por acudir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) buscando una aclaración a las posibles irregularidades que entendía arrastraba el concurso. Inesperadamente, el Tacpa tumbó los pliegos y, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) aplicaría unas medidas cautelares para no detener el proceso, los inversores del Real Zaragoza detectan una inseguridad jurídica que extiende la incertidumbre sobre la construcción del campo. Con miedo ante el resultado de la decisión de los tribunales, y pese a que el auto del TSJA dejaba claro el interés general del estadio, la financiación, según el Real Zaragoza, ha quedado bloqueada.
La falta de consenso, convertida en ausencia de credibilidad, ha vuelto a tumbar otro proyecto de nueva Romareda. Una constante que, en esta ocasión, sacude al PP –hoy al frente del Ayuntamiento y consciente del liderazgo que como alcaldesa tiene que ejercer Natalia Chueca para defender la reforma–, pero que en el pasado también zarandeó al PSOE. Los dos principales partidos tienen ahora la oportunidad de encontrarse en una iniciativa que ha confirmado que solo saldrá adelante con el acuerdo. Se equivocará el PSOE si cree que debe anteponer el desgaste de la figura de Chueca a un entendimiento, como también lo harán los populares si no se empeñan en mirar hacia la Diputación de Zaragoza para conceder a los socialistas su cuota de protagonismo en un proceso en el que también debería estar el club, único actor que en este momento cuenta con un proyecto. La candidatura de Zaragoza para el Mundial de 2030, todo un acicate para acelerar las conversaciones y una ocasión de promoción, habría de servir para desterrar la imagen de dificultad que supone consensuar unos mínimos criterios sobre cuáles son las líneas estratégicas de la cuarta ciudad de España.
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