La consolidación de la incertidumbre como variable política, dañando la fuerza de la certeza como valor de estabilidad, es la primera de las consecuencias de la validación de Carles Puigdemont como interlocutor del PSOE. 

El huido expresidente de la Generalitat ha logrado, tras seis años como prófugo de la Justicia en Waterloo, la instalación de la duda ante la posible respuesta que ofrecerá Pedro Sánchez a sus peticiones. El mérito de Puigdemont, demérito de Sánchez, nos advierte de que todo es posible y que el daño que se inflige a la estabilidad del Estado, al ordenamiento constitucional y al peso de la Justicia son acordes al desafío secesionista. Con la seguridad de que Sánchez desea y antepone su investidura a cualquier acuerdo con el PP y con el interrogante añadido que implica desconocer hasta dónde está dispuesto a ceder para lograrla, a la vida política nacional se ha incorporado una suerte de revisionismo ajustado al capricho del independentismo. La enmienda a la totalidad que, sin ir más lejos, sufre el juicio al ‘procés’ que se celebró en el Supremo o la incorporación de la amnistía como un inesperado complemento a la Constitución son el reflejo de una negociación abierta gracias a la resurrección política de Puigdemont.

La soberanía nacional no es solo una cuestión de defensa fronteriza, también atiende a las decisiones que adopta un gobierno en su día a día. El Estado de derecho es sinónimo de certeza, del conocimiento anticipado de la respuesta proporcional y ajustada que se espera de sus principales instituciones. La pérdida de esta seguridad es lo que, precisamente, se encuentra en riesgo. Más allá de las conversaciones abiertas con Puigdemont para la cesión de los votos de Junts, Sánchez ha optado por desdecirse nuevamente y dar sentido a su propia supervivencia política debilitando la condición del PSOE como partido de Estado. La distancia expresada por el expresidente Felipe González ante el movimiento de Sánchez, sintetizada en la preocupación por la amenaza a las bases de la convivencia nacida de la Transición, advierte precisamente de "la erosión del pacto constitucional" que tuvo al PSOE como uno de sus protagonistas.

Lo que se espera de un Gobierno es algo bien sencillo: básicamente, que sostenga su credibilidad y que atienda a la diversa sensibilidad de un país sin primar injustamente a unos territorios sobre otros. Tan importante como que un Ejecutivo se entere anticipadamente de los movimientos accionariales que pueden poner en riesgo parte de los secretos de la seguridad nacional que guarda una gran multinacional es que la oportunidad y la necesidad partidistas no se impongan para sacrificar los principios de igualdad y justicia.

La aritmética parlamentaria quiso que el resultado de las pasadas elecciones generales dejase, a ojos del PSOE y como única alternativa, la investidura de Sánchez en manos de Puigdemont. El independentismo, que se creía desperdigado y en retroceso, ha logrado, gracias a esa interpretación agitada por el PSOE, revitalizarse y conceder a Puigdemont la oportunidad de presentarse como si aún fuera alguien que merece la atención del Gobierno. Los mensajes, la propia semiótica y hasta la estética de los contactos abiertos con el renacido Puigdemont, como el mantenido por la vicepresidenta Yolanda Díaz en Bruselas, no hacen sino contribuir a un equívoco de legitimidades.

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