Carles Puigdemont, expresidente catalán y prófugo de la Justicia, ha puesto sobre la mesa sus condiciones para que Junts se siente a negociar una eventual investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez: una "ley de amnistía de amplio espectro", el "abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo", la creación de un "mecanismo de mediación" y la garantía de que los "únicos límites" a cualquier pacto serán los establecidos por los "tratados internacionales". 

Son unas exigencias absolutamente inasumibles para cualquier gobierno y para cualquier partido de Estado. Desautorizan la democracia española, el imperio de la ley y el papel que tuvo el Rey Felipe al responder con firmeza a la fraudulenta declaración de independencia de 2017. Ni Puigdemont ni cualquiera de los partidos extremistas que quieren aprovecharse de la debilidad de PP y PSOE para formar Gobierno pueden arrogarse la voluntad de ser árbitros de la democracia española.

El dirigente que intentó sin éxito privar de sus derechos a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, al que ahora el Gobierno español ha homologado como interlocutor político, ha tenido la desfachatez de exigir que la Justicia deje de actuar en España, que se apruebe una amnistía por adelantado y también la presencia de un mediador, como si su ‘procés’ fuese un conflicto internacional. Ni ETA logró que el Estado aceptara esa figura. Todavía no ha chantajeado a la Moncloa con la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero ya lo ha dejado caer. Está claro que a Puigdemont no le importa la investidura de un presidente del Ejecutivo español ni la gobernabilidad del país, sino su supervivencia política después del estrepitoso fracaso de 2017. Desde entonces, aunque ahora se quiera ignorar desde determinados círculos, ha sido constante su intento de desprestigiar el Estado de derecho, perturbar el funcionamiento de la Justicia y sembrar las dudas, dentro y fuera de España, sobre la calidad de nuestra democracia.

Frente a la declarada voluntad de Puigdemont de acabar con España y su Constitución, llama la atención de que sea precisamente el Gobierno, a quien le corresponde ser el pilar más activo para defender la democracia y la ley, el que ahora legitima al prófugo de la Justicia porque necesita los votos de nacionalistas e independentistas para una complicada investidura. El PSOE y el PP, como partidos de Estado a los que votan la mayoría de los ciudadanos, tienen la responsabilidad histórica de frenar a quienes, como Puigdemont, pretenden hacer añicos los consensos constitucionales que han propiciado la mayor época de progreso y convivencia de nuestra historia democrática.