La elección de la presidenta del Congreso puso ayer de manifiesto que Pedro Sánchez ha sumado a Carles Puigdemont a sus otros aliados nacionalistas. 

Los votos aportados por el prófugo le han servido para situar como tercera autoridad del Estado a una dirigente socialista, derrotada electoralmente en su comunidad, con posiciones muy próximas a las del independentismo catalán. Este pacto puede prefigurar la investidura de Sánchez, pero supone una nueva cesión ante quienes amenazan el orden constitucional.

Los 178 votos que ayer hicieron presidenta del Congreso de los Diputados a Francina Armengol resultan de la suma de los escaños del PSOE con los de Sumar, el PNV, Bildu, ERC, Junts y el BNG. Pero fue en definitiva la decisión de Puigdemont en el último momento la que dio a los socialistas la presidencia y, junto a Sumar, la mayoría en la Mesa de la Cámara. Supone un contrasentido lacerante que los socialistas se hayan avenido a negociar la dirección de la institución que representa la soberanía nacional con un personaje cuya única propuesta política es la destrucción de esa soberanía y que debe ser juzgado por graves acciones cometidas contra la Constitución. La legislatura que comenzó ayer tiene en el Congreso una complicada distribución de fuerzas políticas que no facilita la formación de un gobierno centrado y que actúe pensando en el interés general. Pero no sería bueno que esa compleja situación se resolviese con una investidura en la que Sánchez se apoyase de nuevo en el independentismo a cambio de cesiones que pueden poner en tensión los límites constitucionales; tanto ERC como Junts ya han dejado claro que venderán caros sus votos. Sánchez traspasó ayer una línea que no debería haber cruzado al ofrecerle al prófugo Puigdemont, en el Congreso, una victoria que no puede sino socavar el prestigio de España y la dignidad de sus instituciones.