Un pacto y dos consejerías
La clave que sustenta la bóveda del acuerdo PP-Vox se resume en la priorización de la estabilidad política. Jorge Azcón deseaba un gobierno en solitario, aunque por encima de este interés sabía que debía conseguir cuatro años de legislatura protegido del mayor número de vaivenes. El poder logrado en la Comunidad, la gran mancha azul obtenida en las autonómicas y mantenida en las generales, ha dotado a Azcón de una posición negociadora que, además de asegurar su presidencia, le ha permitido blindar la gobernabilidad de los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca. Aragón, con la Diputación de Zaragoza como principal referencia del PSOE, no solo queda, gracias al acuerdo con los voxistas, uniformado bajo el control del PP, sino que inaugura una etapa de mayorías políticas de la derecha.
La demora en la formación de Gobierno, que desde el punto de vista administrativo arrastraba importantes efectos negativos, había generado una amplificada atención sobre Aragón –a la que se está poco acostumbrado–, que enturbiaba la negociación y que, erróneamente, establecía un destino compartido con la Región de Murcia, sobre la que ahora Vox incrementa su presión. La tendencia descrita por Azcón convertía la repetición electoral en una cuestión remota, en exceso arriesgada. Los problemas a la hora de alcanzar el pacto, además de quedar apoyados en una cuestión más madrileña que doméstica –producto de las discrepancias abiertas tras el 23-J entre ambos partidos–, finalizaron con un compromiso que entregaba dos consejerías a los voxistas, una de ellas con rango de vicepresidencia primera (Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia). La cesión, no menor, inclinaba la preocupación de los populares hacia la definición de los contenidos de estos departamentos y hacia el perfil de sus titulares, en especial tras la tormenta de reacciones que despertaron los desafortunados comentarios que había dejado en las redes la nueva presidenta de las Cortes. Así mismo, entregar a Vox una segunda consejería como Agricultura y Ganadería no era tampoco una cuestión baladí, aunque cuestión bien distinta sería hacerlo con un cierto rebaje competencial. Sin Medio Ambiente, sin el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y sin el Instituto Aragonés del Agua (IAA), el nuevo departamento de Agricultura quedaba sin buena parte de su carga política y capacidad gestora.
Contar con Vox sin que parezca que Vox está en el Gobierno parece haber sido la estrategia negociadora de los populares que, aparte de haber aceptado una serie de renuncias que forman parte de las guerras culturales de los de Santiago Abascal y que sirven para comunicar su llegada al poder (la derogación de la ley de Memoria Democrática, la aplicación del pin parental o la modificación de la ley trans), han logrado salvar dos asuntos que hubieran quebrado al Ejecutivo: la defensa de la reserva hídrica, excluyendo de facto el trasvase del Ebro, y el reconocimiento de la existencia de la violencia machista, aunque trufada con la intrafamiliar.
No caben demasiadas dudas, en virtud de cómo han transcurrido las negociaciones y del resultado de las mismas, de que Vox querrá hacer notar su presencia. Pese a que el comportamiento de los voxistas en el Ejecutivo estará sujeto por los 80 puntos del documento de gobierno, la marcada dependencia que tienen de su dirección nacional –tal y como se ha visto estos meses– permitirá, probablemente, la entrada de más de una consigna que agitará las prioridades políticas. La tarea de Azcón, además de velar por la unidad de su Gabinete, será la de ofrecer su autoridad de barón nacional como mejor palanca para rebajar estos excesos, tratando de que los consejeros de Vox terminen por diluirse en el seno de la coalición.
