La campaña electoral ha concluido. Ha sido extraña: no se ha dirigido a los candidatos principales sino a sus periferias, a sus proyecciones. Probablemente yo andaba despistado, pero no soy consciente de que nadie haya pedido que nos pronunciásemos sobre la que ahora parece única hipótesis viable. La mayoría parlamentaria necesaria para la formación de gobierno pasa actualmente por una revisión no menor de la idea de España y del sistema denso y complejo de conceptos jurídico- políticos que la articulen. ¿Quién previó este Waterloo decisorio?

¿Qué cabe esperar? Conocemos los estilos, los recursos expresivos, las tácticas retóricas. Las afirmaciones equívocas, las negaciones rodeadas de restricciones, los cambios de opinión... Nos esperan días de retorsión del lenguaje, especialmente de las palabras más restrictivas del texto constitucional. Por cierto, la cerradura de la ‘unidad de España’ salta con un simple naipe (la unidad en la diversidad, y tontadicas así). El troyano para tomar el control del sistema es el falso tópico que afirma que en derecho todo es interpretable. Contra esta simpleza invoco una palabra mágica: claridad. La sabiduría de los clásicos lo estableció: donde hay claridad no cabe interpretación.

La estrategia de negociación actualmente más probable es previsible. Habrá un discurso expreso que evitará las palabras más espinosas (referéndum...) pero acuñará otras de apariencia distinta pero significado equivalente. Habrá una materia oscura discursiva, que no se expresará pero que sostendrá los acuerdos políticos previsibles. Sólo sacándola a la luz podremos conocerlos en su integridad.

La reiteración formal del compromiso constitucional, del respeto a los límites constitucionales... da muchas pistas de la existencia de un plan de fuga. Por eso, para cerrar fisuras del lenguaje, propongo desagregar esta afirmación tan genérica en tesis asertivas y verificables. Claras.

Me gustaría que mi gobierno exigiese a sus interlocutores la aceptación, sin restricciones, apostillas ni matices, de una especie de nicense profesión de fe constitucional expresada en tesis como éstas:

1. El 'pueblo español' es el único sujeto jurídico político con competencias generales propias existente en España.

2. Todo el poder político de todas las comunidades autónomas tiene su fundamento en una delegación de la soberanía de este único sujeto.

3. Pueden identificarse entidades políticas sin nivel de sujeto de derecho, pero las listas resultantes serán diversas y poco útiles.

4. ‘España’ es una de estas entidades políticas. La única que tiene reconocimiento universal, constante e ininterrumpido por las entidades extranjeras de tipo estatal desde, al menos, el siglo XV.

5. Ninguna de estas entidades políticas hispanas –tampoco España– formalizó su transformación en sujeto jurídico-político soberano, condición que hasta el siglo XIX únicamente tenían los reyes.

6. Sólo un sujeto de derecho puede tener atribuidos derechos exigibles frente a terceros (por ejemplo, de autodeterminación).

7. Ninguna entidad política pudo ser privada por la fuerza de un estatus de sujeto de derecho que no tenía. Sólo el rey, y con matices, fue privado de su soberanía para transferirla al pueblo español.

8. No se puede exigir, pedir o esperar la restitución a un estatus jurídico que no se ha tenido.

9. La entidad política ‘España’ no tiene su origen en actos de fuerza: ni en la mal llamada Guerra de Sucesión (1703-1715) ni la provocada por la sublevación militar finalmente acaudillada por Franco.

10. La vinculación de la España unida con el absolutismo y la España desagregada con la democracia y el progresismo carecen de rigor.

En aras de la necesaria claridad, destaco otros elementos de ese discurso oscuro, palabras que nadie expresará en los acuerdos pero que se integran en ellos. Como la desigualdad. Desigualdad nativa, originaria. Las reivindicaciones independentistas asumen que las posiciones de partida de las comunidades son y deben ser de naturaleza distinta; sus competencias son propias, históricas, ‘de siempre’. Mientras, las del resto proceden de una delegación reciente del Estado. ¿Votarán esta desigualdad mis diputados aragoneses?

Azcón y Lambán acreditan sensatez y maneras. Sus divergencias no parecen mayores que la siempre invocada capacidad aragonesa para ingeniar fórmulas razonables para afrontar problemas políticos de la mayor gravedad. ¿Soy ingenuo si pido una solución ‘a la aragonesa’ alternativa a la valenciana? ¿No estará ahí la mayoría social?

Jesús Morales Arrizabalaga es profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza