Resulta completamente improcedente, y puede suponer una amenaza para los intereses de Aragón, que la posible quita o condonación de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado se convierta, como parece que está ocurriendo, en materia de negociación entre el PSOE y los independentistas catalanes con vistas a la investidura de Pedro Sánchez. 

Ese asunto debe tratarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), preservando los derechos de todas las comunidades y sin favorecer a las que fueron menos disciplinadas en el manejo de sus presupuestos.

El Estado estableció el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en un momento de crisis crediticia, para asegurar la financiación de las comunidades autónomas. Pero algunas, como Aragón, hicieron del mismo un uso prudente y ajustado, mientras otras, como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Murcia, lo aprovecharon, con menor rigor fiscal, para elevar excesivamente su endeudamiento. Es conveniente abordar una revisión de esas deudas, pero tiene que hacerse en el foro adecuado, el CPFF, donde están representadas todas las autonomías, y en el marco de la reforma, pendiente desde hace casi diez años, del sistema de financiación autonómica. Que este asunto se convierta en moneda de cambio para conseguir el apoyo de los partidos secesionistas a Pedro Sánchez tiene que hacer sonar las alarmas en Aragón, pues podría introducir nuevos privilegios para Cataluña y otras comunidades en detrimento de la aragonesa. No sería razonable ni justo que la coyuntura política sirviese de excusa para ‘premiar’ precisamente a los gobiernos regionales que han sido menos estrictos en el cumplimiento de las normas fiscales. Las cuestiones relativas a la financiación autonómica conciernen y afectan a todos los españoles y no pueden solventarse separadamente, de manera opaca, entre fuerzas políticas que buscan su particular interés del momento.