Decía un alto cargo del PP aragonés hace unas semanas que en un proceso electoral intervienen tres emociones: la esperanza, el rechazo y el miedo. Descartada la primera, el político sostenía que este 23-J todo pasaba por el rechazo a Sánchez, al igual que ocurrió en el 28-M, por lo que la estrategia conservadora parecía diáfana: la derogación del sanchismo era el reclamo que iba a arrasar a una izquierda desmovilizada. 

Esa fue la clave de las autonómicas y municipales y, según argumentaba, el fenómeno solo podía engordar en las generales, en las que el candidato era en definitiva un Pedro Sánchez al que al parecer se le habían acabado las páginas de su manual de resistencia.

Pero las placas tectónicas de voto no suelen moverse de forma unidireccional, sino que avanzan y chocan en diferentes direcciones, a veces difíciles de controlar. Unas fuerzas se imponen y otras ceden en el torrente de una campaña que en esta ocasión ha estado dominada por los ‘trackings’ diarios de unas despistadas casas de encuestas y el juego diabólico de los memes y las redes sociales, que hacen que la noticia de hoy sea papel mojado mañana.

No obstante, en estas elecciones generales no solo hubo rechazo a Sánchez. También cundió el miedo. Mientras España se volvía a poner en modo electoral tras el tsunami del PP en las autonómicas, Sumar se deshacía de Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique para entronizar a una Yolanda Díaz con menos aristas, reverso amable de Pedro Sánchez, que cogió a contrapié a la oposición con el adelanto electoral.

Frente a esto, Vox aprovechaba el proceso de negociación de los gobiernos municipales y autonómicos para activar a su propio electorado, tratando de doblar el brazo a un PP que no encontraba la vía para dar un mensaje unívoco en su relación con la extrema derecha.

La rectificación de María Guardiola en Extremadura y el ascenso de los perfiles más estridentes de Vox a las vicepresidencias de los Gobiernos o a los puestos de privilegio de los parlamentos autonómicos hicieron el resto. Un ejemplo fue la designación como presidenta de las Cortes de Aragón de Marta Fernández, que además de negar la violencia de género y el cambio climático, fue difusora de teorías de la conspiración sobre las vacunas durante la pandemia.

Con las elecciones encima, el PP se quedó sin tiempo para que las extravagancias de sus socios se diluyeran en la rutina de la gestión. El miedo tomó forma y la placa tectónica de la movilización de la izquierda se empezó a desplazar con fuerza. Vox volvió a ser el gran activador del electorado progresista.

La masa de votantes de centro, la que siempre acaba decidiendo el resultado de las urnas y que los sondeos situaban con la papeleta de Feijóo, empezaron a dudar y el trasvase electoral del PSOE al PP se frenó en seco. Los españoles tumbaron el 23-J la opción de un pacto PP-Vox y mandaron a la derecha al rincón de pensar. 

Descartado tanto el gobierno de las derechas como una gran coalición PP-PSOE (la España de los bloques aún no está preparada para ser Alemania), después del 23-J solo queda hacer cuentas: la mayoría que ha sostenido el Gobierno en los últimos años (PSOE, Podemos-Sumar, PNV, Bildu y ERC) únicamente precisa de la abstención del independentismo bipolar y frentista de Junts y Carles Puigdemont, al que ayer mismo volvió a reclamar la Justicia.

Tras las elecciones del 23-J, el realismo solo deja dos salidas: o la repetición electoral o una España en la que el partido de un prófugo podrá decidir no solo quién es el presidente del Gobierno o si hay que votar de nuevo antes de que acabe el año. Tendrá también en su mano el control de los tiempos de una legislatura que, de un modo u otro, acabará evolucionando en función de su conveniencia. Las estrategias de los dos grandes partidos han dado como resultado una España más ingobernable y polarizada. Y eso sí que da miedo.