Comienza la compleja digestión de los resultados de las elecciones generales celebradas el domingo. El vencedor, Alberto Núñez Feijóo, ha contactado con Vox y PNV, y tiene ya el sí de UPN a su posible investidura, que se adivina muy difícil. Mientras tanto, el líder del PSOE abre un compás de espera antes de iniciar las negociaciones para tratar de reeditar su gobierno. 

Los socios independentistas de Pedro Sánchez, sobre todo ERC y Junts, elevan sus exigencias, aunque Bildu y el PNV se muestran dispuestos a seguir sosteniendo al socialista. Sumar, por su parte, asegura que no hay otra opción que repetir la actual coalición y plantea al PSOE empezar a negociar ya el programa y el reparto de ministerios. España debe evitar un bloqueo que tiene antecedentes de repetición electoral en 2016 y 2019. Sin embargo, tampoco puede depender del precio que exija Puigdemont, el líder del mayor golpe a la convivencia en el país en las últimas décadas, y Bildu, el partido que aún reivindica a quienes mataron en nombre de la independencia vasca.

Los resultados electorales dejan un reforzamiento del bipartidismo y del voto moderado repartido entre PP y PSOE. Sin embargo, la distribución de diputados no prefigura una coalición gubernamental clara o fácil ni en la derecha ni en la izquierda. Con el enrevesado escenario político que han dibujado las urnas y con el mes de agosto de por medio, no sería raro que el proceso se alargase varios meses. La primera cita institucional del proceso de investidura está fijada para el 17 de agosto, cuando se constituye el Congreso de los Diputados que salió del 23-J. El reparto de los puestos de la Mesa será la primera prueba de fuego del intento del PSOE por seguir en Moncloa con una aritmética similar a la actual.

Núñez Feijóo ha ganado, pero ha fracasado en su propósito de conseguir una mayoría electoral contundente, y Pedro Sánchez ha perdido, pero ha demostrado una inesperada capacidad de resistencia convenciendo a una parte de los ciudadanos del peligro que puede representar Vox. La consecuencia es que ninguno de los dos está en condiciones de gobernar el país de forma estable para afrontar los retos pendientes. En esta complicada disyuntiva, ya conocida en el país, hay que realizar una nueva apelación al sentido de Estado de los dos grandes partidos que están detrás de la España constitucional que echó a andar en 1978. Si, como proclaman reiteradamente, de verdad están pensando en el bien de todos los ciudadanos, PP y PSOE deben cooperar para salir del atolladero sin permitir que los radicales, los populistas y los partidos que no creen en nuestra Constitución ni en nuestra democracia decidan el futuro del país.