Zaragocismo

El varapalo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón a la reforma de La Romareda permite una oportunidad para descubrir nuevas realidades en la relación de los propietarios del club con el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, los aficionados zaragocistas y los zaragozanos en general. 

Desde la llegada de Jorge Mas y Raúl Sanllehí como caras visibles de nuevo proyecto deportivo y empresarial para el equipo, a la afición, pero también a muchas fuerzas políticas de la ciudad, les ha entrado una especie de obligación por remar a favor de los deseos de quienes parece que nos podrían sacar de este letargo de la Segunda división. Para el zaragocista medio, decirle que las prisas no son buenas consejeras suena a chiste, pero más allá de lo deportivo, el ámbito empresarial sí requiere otros tiempos que nada tienen que ver con la categoría donde se juegue sino con la transparencia y el buen hacer de proyectos que impactan de lleno con propiedades municipales. En este caso, para el campo de La Romareda, cuya reforma en lugar de deslocalización cuenta con el apoyo de la mayoría de los aficionados y además resulta más económico que otras aventuras en parcelas lejanas, no se puede olvidar que es un espacio que pertenece a la ciudad. Por tanto, con la decisión (recurrible) de admitir a trámite el recurso de Podemos a los pliegos, los zaragozanos y los zaragocistas (porque en esto vamos todos en la misma barca) tenemos dos opciones: una, el desprestigio del citado Tribunal y la politización exagerada de nuestras posiciones, agitados por una prisa para el nuevo estadio y la consecución del deseado ascenso a Primera. Otra, entender que la concesión de un espacio de todos a una gestión privada merece todas las cautelas y el mayor rigor del mundo, y que el Tribunal de Contratos Públicos, que seguirá ahí incluso cuando la aventura inversora en el Real Zaragoza termine, únicamente se dedica a velar por la transparencia en la gestión de lo que es de todos. En este sentido, esta circunstancia puede servir también para precisar una cuestión con los nuevos dueños del Real Zaragoza, y es que el amor a un club no puede ser medida de presión contra la legalidad y sus plazos, que nos acaban salvando siempre de males mayores. Algo que ya deberían saber nuestros políticos.

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