Dicen los más crédulos y optimistas que a partir de la reciente entrada en vigor de la reforma del artículo 66 de la Ley General de las Telecomunicaciones se van a terminar esas molestas e intempestivas llamadas telefónicas que recibimos día sí y día también para proponernos cambiar de compañía de la luz, comprar bidones de agua fresca, limpia y cristalina, u otras sutilezas, ventajas y ofertas comerciales.

Esa práctica tan cansina que ha venido a llamarse ‘spam’ telefónico es operada por empresas de telemarketing, cuyos empleados o empleadas se tienen que aguantar a menudo más de un grito o improperio por parte del indignado receptor de una de esas condenadas llamadas. Cuando deberían ser los bancos, las telefónicas, las eléctricas y similares las que deberían recibir las bofetadas de los usuarios, ya que son las que contratan a esos servicios de telemarketing para que den la barrila a todo bicho viviente y son las verdaderas responsables de la incomodidad que provocan. Saben que su poderío les garantiza la impunidad.

El artículo citado dice ahora que reconoce "el derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales". Y se establecen fuertes sanciones para los infractores de la norma.

Otra vez el mal legislador, por improvisación, prisas, ignorancia o falta de técnica legislativa, ha cometido otra gran chapuza, pues deja abierta la puerta al incumplimiento impune, como estiman los juristas expertos consultados y la prensa especializada, que ha dado titulares dudando que de verdad acaben esas llamadas con las que una normativa confusa pretende terminar. Conceptos tales como el consentimiento previo o el indeterminado "interés legítimo" que recoge como excepción la Ley de Protección de Datos son amplios portales para que estas empresas sigan dándonos la paliza y sea muy difícil, engorrosa y eficaz una denuncia que, sobre todo, complica la vida al denunciante.

Para defendernos de esta desagradable ofensiva de las grandes empresas podemos acudir a darnos de alta en la Lista Robinson ( muy sencillo a través de la página de internet) aunque según la OCU su efecto disuasorio tarde 3 meses en ponerse en marcha y a pesar de que haya medios y experiencias que duden de su efectividad.

Así que no hay que hacerse ilusiones. Entre la postura pusilánime y confusa del legislador y la voracidad de las grandes empresas de invadir nuestra intimidad intimidándonos con sus agresivos ‘spams’ y sobresaltándonos en nuestras sagradas siestas, vamos a tener que seguir soportando estas impertinencias de las llamadas no deseadas. Ya sabemos que este Gobierno está especializado en el tratamiento de las contingencias no deseadas y que deja al desamparado consumidor/usuario que sufra las consecuencias de la falta de valor suficiente para cortar por lo sano algunas malas prácticas. Porque sí se puede. Si de verdad se quiere.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por José Luis de Arce)