La celebración del Día Internacional del Orgullo ha adquirido este año mayor relevancia política a causa de la convocatoria a las urnas para dentro de veinticinco días. Vox ha conseguido retirar las banderas LGTBI de algunos parlamentos regionales y ayuntamientos, y ha intentado también que se quiten las enseñas del consistorio de Zaragoza y otras instituciones, tanto regionales como nacionales. Sin embargo, en la capital aragonesa ha tenido una clara contrarréplica democrática en la negativa de la alcaldesa Natalia Chueca y en una nutrida manifestación que ha recorrido el centro de la ciudad. La presencia en la calle de la ministra Pilar Alegría (PSOE) y de figuras destacadas del PP y de otros partidos es la demostración del gran respaldo social al pacto para que España sostenga las políticas de diversidad e inclusión.

Por primera vez en la historia española, el Día del Orgullo se ha celebrado en plena precampaña electoral, a tan solo ocho días del inicio de la campaña. Por eso, Vox ha querido polarizar el ambiente con la petición de quitar las banderas arcoíris de ayuntamientos y parlamentos. Sin embargo, el Partido Popular y el PSOE (las dos grandes fuerzas parlamentarias) y el resto del espectro político aragonés y español mantienen una postura común en contra de los intentos de colocar la guerra cultural contra el feminismo y la diversidad de género en el centro de la agenda política.

A tres semanas de la cita con las urnas, todos los partidos tienen la obligación de no monopolizar la esfera pública con puro ruido mediático. Es la hora del debate sobre las medidas y las reformas que importan a los ciudadanos, y no de empezar a cuestionar las conquistas sociales que España ha logrado en las últimas décadas. Queda aún tiempo para orillar los temas polarizadores y para centrarse en los intereses de la gente.