Rehabilitar para evitar derrumbes
El día 13, un edificio de cinco plantas y 21 viviendas, datado en 1974, se desplomó en Teruel. Una noticia terrible para sus propietarios e inquilinos, pero anecdótica para la sociedad, aunque estas desgracias pueden llegar a convertirse en un problema estructural para España.
Que colapse un edificio al año no es percibido socialmente como una amenaza, pero un día pueden colapsar varios inmuebles al año, y todos con un mismo patrón: más de 50 años de antigüedad, pocas revisiones y una pasividad reiterada de la mano de las autoridades municipales, que siguen sin entender la importancia de promover el Informe de Evaluación del Edificio (IEE), el documento que avala o marca el camino para garantizar el buen estado de conservación del edificio y la eficiencia energética del mismo.
En la próxima década, más del 50% del parque edificado español tendrá más de 50 años y un 40% del mismo, más de 60. Los edificios que no se cuidan envejecen y, dadas determinadas circunstancias, mueren. No se trata de pensar que, más allá de 2030, se producirá una erupción de colapsos edificatorios, pero sí de poner en valor la urgente necesidad de entender la rehabilitación como una cuestión clave.
Decía la presidenta de la Demarcación de Teruel del Colegio de Arquitectos de Aragón, María Castel, que "el fomento de la cultura de la conservación y el mantenimiento de los edificios es un deber de todos": justo el mensaje que venimos reivindicando desde hace años desde Andimac, la patronal de la reforma y la rehabilitación. La tasa de rehabilitación en España apenas llega al 0,12% del parque, cuando debiera situarse en el 1,2%. Esto se traduce en que, cada año, más de 240.000 viviendas comienzan a estar en riesgo.
Desde Andimac llevamos mucho tiempo alertando sobre la urgencia de tomar la rehabilitación y la reforma de calidad como una cuestión de Estado. Necesitamos una política bien diseñada, y tenemos una oportunidad única para hacerlo con los fondos europeos. También es cierto que gracias a estos se deberían estar ejecutando 160.000 obras de rehabilitación, pero los visados de rehabilitación cayeron en marzo un 11,17% anual. No obstante, tenemos esperanza. En breve veremos que las CC. AA. empiezan a generar resoluciones.
Sin embargo, los fondos están limitados en el tiempo, mientras que el problema irá a más. Por este motivo, no se trata de hacer una política circunstancial, sino de generar recursos propios para apoyar la rehabilitación y convertirla en algo cultural, no temporal.
Además, la alternativa a no promover de forma decidida la rehabilitación podría conducir a empobrecer a millones de españoles, cuyas propiedades inmobiliarias empezarán a perder valor. De acuerdo con el Banco de España, la vivienda (42%) y las propiedades inmobiliarias (28%) representan el 70% de la riqueza total de las familias. Cuando un edificio colapsa, los propietarios pasan de tener una riqueza 100 a una riqueza 15 (por ejemplo, al valor del solar, repartido entre todos los propietarios, hay que descontarle los costes de demolición, entre otras muchas cosas).
La rehabilitación y la reforma son un bien de consumo no comparable a otros, ni en unidad de valor ni en repercusión sobre el ahorro y el bienestar. Por tanto, los partidos políticos, además de tomar nuestra actividad como una prioridad, deberían también aplicar palancas sobre la fiscalidad directa (IVA) e indirecta (deducciones, IRPF) para favorecer que los españoles puedan cuidar sus inmuebles y garantizar su seguridad.
Esta política debería formar parte de un gran acuerdo de Estado. Porque el riesgo futuro afecta al conjunto de la sociedad española, y no podrá ser gestionado cuando el problema sea evidente.
