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  • Editorial

La presidencia de las Cortes

Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón
Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón
Guillermo Mestre

El PP cedió ayer la presidencia de las Cortes de Aragón a Vox, en función de un acuerdo entre los dos partidos que encaja dentro de las reglas democráticas y que, por tanto, hay que respetar. El apoyo de los populares a Marta Fernández para que asuma uno de los principales cargos institucionales de la Comunidad, puede ser por otra parte el prólogo de un pacto de mayor calado para asegurar la investidura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno aragonés´.

El PP podría haber conseguido la presidencia de las Cortes y la mayoría en la Mesa sin necesidad de haber recurrido a Vox. Cuando se ha decidido a ceder el puesto a la derecha radical hay que suponer que espera obtener la contrapartida de que Vox no obstaculice la investidura de Azcón, sino que la apoye o al menos se abstenga, aunque los detalles y contenidos de ese pacto estén todavía sin definir. No constituye ninguna estridencia que el tercer partido más votado presida la legislatura autonómica, algo que entra perfectamente en las posibilidades de los acuerdos entre las fuerzas políticas. Pero sí caben algunas dudas sobre el perfil institucional de Marta Fernández, desde el momento en que ella misma ha considerado necesario borrar sus mensajes en las redes sociales antes de ser elegida. La presidencia de las Cortes no implica un gran poder real, pero sí tiene un importante valor simbólico, pues es el segundo cargo institucional en el orden de prelación de la Comunidad y la cara visible de la representación política de los aragoneses. Es un puesto cuya dignidad importa preservar. El PP y Jorge Azcón, que manifiestan que quieren gobernar Aragón en solitario pero no tienen mayoría absoluta, se juegan mucho en las negociaciones previas a la investidura. Tienen que manejar muy bien sus bazas si no quieren que su mandato quede condicionado por compromisos que resulten difíciles de asumir para la mayoría de los ciudadanos.

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