Irene Montero, desautorizada

El Tribunal Supremo ha confirmado los criterios de las audiencias provinciales en las revisiones de sentencias en aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’, que ha provocado la rebaja de pena a cerca de mil condenados por agresiones y abusos sexuales. 

Esta es la primera vez que el Supremo revisa sentencias firmes en aplicación de la polémica ley, por lo que su pronunciamiento limitará las discrepancias entre tribunales y da la puntilla a la posición sostenida por el Ministerio de Igualdad. La clave de la decisión se encuentra en la falta de una disposición transitoria que frenara la retroactividad de la norma. La ley se elaboró de forma deficiente y ahora ha quedado confirmada la gravedad del error.

A pesar de las advertencias que se hicieron a Igualdad sobre los efectos que podría tener la ley en las condenas ya fijadas, el equipo de la ministra Irene Montero decidió seguir adelante sin cambiar el texto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros y, después, por el Congreso y el Senado. Fue un grave error. La polémica reforma penal ya ha sido modificada a partir de una propuesta promovida por el PSOE, pero esa nueva norma solo se aplica a las agresiones cometidas a partir de su entrada en vigor (el 29 de abril). La decisión del alto tribunal es, pues, un aval cerrado a los criterios empleados por las audiencias provinciales que han rebajado penas a agresores sexuales en aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’, y un golpe para la postura de la Fiscalía.

Aunque los tiempos de la política y de la justicia no coinciden, ni deben coincidir, la tesis del Supremo supone también un severo revés para el Ministerio de Igualdad, que desde que empezaron las rebajas de penas acusó a los jueces que las adoptaban de estar aplicando mal la ley. En plena precampaña para las elecciones generales del 23 de julio, el alto tribunal confirma el origen del dolor generado por aquella mala praxis legislativa.