Las políticas públicas son las herramientas activas del Estado diseñadas y gestionadas, a través de su Gobierno como órgano directivo y la Administración pública como ente instrumental, con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad y cumplir con las obligaciones de su carta magna si el Estado es democrático. 

El siglo XXI ha visto una evolución en las mismas incorporando la participación pública como elemento imprescindible en la toma de decisiones para la gobernanza, ya que crea consenso y da legitimidad a los asuntos públicos.

La partitura suena bien si el engranaje funciona, es decir, si los diversos actores entonan y tocan a las mil maravillas. Pero, ¿y si esto no ocurre? Entonces desafinan y el concierto pierde espectadores generando desafección política, profesional y, ante todo, desinterés público.

Esta es la situación actual de la ordenación del territorio de Aragón en 2023. Se toca poco y lo que se toca suena desafinado. Y la razón principal es la inanición de esta política pública horizontal. Voy por partes. El principal problema es el siguiente: se dispone de suficientes instrumentos legales para ejecutar la ordenación del territorio pero no se hace porque o bien no se cree en ella o bien no se sabe o no se quiere practicar. De las dos, me preocupa la segunda, porque la ignorancia y la inanición es la peor de las noticias para la sociedad aragonesa y para la propia política pública de la que versa esta crítica. ¿Cómo afrontarlo? Evidentemente, si no crees en la utilidad de la ordenación del territorio como clave para el desarrollo de políticas públicas urbanísticas, sectoriales, paisajísticas o ambientales, entonces no hace falta seguir argumentando. Se destinan los esfuerzos económicos, técnicos y humanos a las demás políticas y ya se encargarán ellas solas de coordinarse si es que creen que hace falta. Craso error si esto ocurre.

Pero, ¿y si se cree en la utilidad de la ordenación del territorio? Entonces se ha de ejercer como una política pública activa. No veo a Eliud Kipchoge, sabio de la teoría de correr, ganar una maratón si no ha hecho entrenamiento para ello. Y aun con todo, algunas veces no gana la maratón pero siempre la acaba. Es decir, se puede fallar en la praxis.

En Aragón, nos ocurre lo primero pero no lo segundo. La ordenación del territorio es coherente y reconocida en la parte teórica y legal pero es nula la práctica como política activa en los últimos cuatro años. Los resultados esperados son escasos y de corto alcance. Se pueden poner las vendas que se quiera pero personalmente prefiero no hacerlo. Aragón no solo tiene un problema territorial de índole demográfico. Tiene muchos más problemas territoriales de diverso calado: social (sanitario, cultural, educativo), económico (régimen de financiación), sectorial (vivienda, energía, infraestructuras, tecnología), paisajístico y ambiental (agua, patrimonio natural, servicios ecosistémicos), donde la ordenación del territorio tiene que tomar decisiones, implementarlas y evaluarlas como política pública que se la considera.

La ordenación del territorio no ha de ser un observatorio al que asistir, sino un actor principal dentro de la obra que es nuestro espacio geográfico.

En suma, evalúo negativamente la eficacia de esta política pública en cuanto a sus intenciones percibidas y los resultados en materia de ordenación del territorio en la legislatura pasada. A lo largo de este año, el Colegio de Geógrafos va a confeccionar un manifiesto sobre ordenación del territorio en Aragón que ayude a los poderes públicos a mejorar la toma de decisiones sobre el territorio. Instamos y tendemos nuestra mano como colegio profesional al nuevo Gobierno que surja tras las elecciones autonómicas, para que la ordenación del territorio sea el actor principal los próximos cuatro años para la identificación y resolución de los problemas de la ciudadanía aragonesa.