La prueba de acceso a la Universidad –Evau, en su acepción actual– supone, en la vida de muchos jóvenes, un momento decisivo que implica esfuerzo y dedicación y concentra sus expectativas de formación y desarrollo profesional. 

Pero al mismo tiempo es un apartado fundamental, en nuestro país, de un sistema educativo que no ha conseguido hasta ahora entrar por los caminos del consenso y la estabilidad que serían deseables.

En Aragón, casi 6.500 jóvenes se enfrentarán desde hoy hasta el jueves a la ‘evaluación de acceso a la universidad’, una prueba que puede contribuir de manera importante a determinar su trayectoria vital y que genera por ello no poca ansiedad, también en sus familias. El modelo actual de la Evau mantiene los criterios de flexibilidad introducidos con motivo de la pandemia, y está pendiente de la reforma prevista en la última ley educativa, la Lomloe, que debe adaptar la selectividad al método del ‘aprendizaje por competencias’, la nueva norma pedagógica. España arrastra desde hace años una clara insatisfacción con su sistema educativo que las sucesivas reformas legales y los cambios de metodologías no han conseguido superar. Cunde la sensación, apoyada en informes diversos, de que la formación de las nuevas generaciones es en muchos aspectos deficiente y de que los cambios que se introducen van más enfocados a ‘bajar el nivel’ que a mejorar los conocimientos. La reforma de la Evau, tras la convocatoria electoral, quedará a la espera de las decisiones del nuevo gobierno. Un gobierno que quizás suponga una nueva oportunidad para que España enfoque de una vez las cuestiones educativas con espíritu de consenso, teniendo en cuenta la experiencia de los docentes y pensando en la permanencia y en la calidad. Nuestros jóvenes se enfrentan al reto de entrar a la universidad y elegir una carrera, pero las políticas educativas en nuestro país siguen sin superar el reto de la estabilidad.