De exámenes, títulos y empleos
El lunes pasado estábamos todos atentos a los resultados del examen que la clase política había tenido el domingo. Y aún seguíamos pendientes, de un modo u otro, de la calificación final, cuando el presidente del Gobierno anunció que la segunda convocatoria será el 23 de julio, supongo que con la intención, entre otras cosas, de que el revuelo de los pactos, por un lado, y una menor participación electoral (con media España ya de vacaciones), por otro, le permitan aprobar el curso.
Pero de lo que yo quería hablarles no es de esos exámenes, sino de los que ya estaban teniendo lugar a la vez en las universidades aragonesas, EVAU incluida, y que afectan a unos 30.000 estudiantes de grado, a los que habría que sumar, en su caso, los de máster y los alumnos de bachillerato que van a realizar las pruebas de acceso a la universidad. En muchos casos, esos estudiantes de grado y máster realizan sus pruebas de evaluación, ya en el último curso, con la mirada puesta en la obtención del título y en la búsqueda de un empleo acorde con su cualificación profesional. Aunque en muchos de esos casos, desafortunadamente, esa equivalencia no siempre se produzca. De hecho, ese desajuste entre la expectativa que genera el título y la realidad del empleo es una de las grandes anomalías de la universidad española.
En un reciente artículo de opinión, Benito Arruñada, catedrático de Organización de empresas en la Universidad Pompeu Fabra, alertaba de "la acuciante sobrecualificación de los rangos inferiores del empleo público, debido a que mucho graduado universitario se coloca en las escalas más bajas de la función pública". El artículo de Arruñada (titulado llamativamente ‘Carteros con doctorado’) venía a cuento de las oposiciones a Correos, en las que para desempeñar funciones de atención al cliente, reparto y clasificación de envíos se calcula que un 43% de los opositores tiene formación universitaria, una cualificación innecesariamente valorada en el acceso al empleo público, teniendo en cuenta el perfil del puesto a desempeñar, y que además impediría que otras personas menos cualificadas pudieran optar a esos empleos. Un patrón que, a diferencia del sector privado, que tiende a evitar la contratación de personas sobrecualificadas, se repetiría en otras áreas de la Administración. La sobrecualificación, subraya Arruñada, supone un despilfarro injusto y contraproducente, por cuanto infrautiliza el capital humano y reduce la productividad, a la vez que causa frustración en los trabajadores y "genera una demanda insaciable de puestos superiores, más acordes con sus aspiraciones pero innecesarios".
Más que de sobrecualificación seguramente habría que hablar de ‘sobretitulación’, por cuanto muchos de los títulos expedidos no califican por encima de los conocimientos y las habilidades exigidas para el desempeño de una profesión sino, por así decirlo, al margen de las mismas. Pero sí que generan en los titulados una serie de expectativas que en ocasiones, y más a menudo según cuáles sean las titulaciones, no van a cumplirse. Y ante las que se tiende a protestar, erróneamente, como si la realidad debiera adecuarse a los deseos profesionales del titulado. Por eso mismo, se hace necesaria una reflexión en profundidad no sólo sobre las condiciones de acceso al empleo público, como hacía el mencionado artículo, sino también sobre la organización y el sentido de la formación universitaria misma, sobre todo cuando socialmente estamos destinando tantos recursos públicos a financiar una especialización técnica que en ocasiones se antoja no solo innecesaria, sino contraproducente. No se trata, con ello de devaluar o rebajar dicha formación, sino al revés, de profundizar en ella, reforzando la idea de mérito en la evaluación y favoreciendo el desarrollo equilibrado de los procesos formativos, evitando la ‘titulitis’ y la especulación académica. Y completando la formación técnica con esa dimensión humanista que la universidad a menudo ha olvidado o abandonado en favor de una orientación exclusivamente técnica y profesionalizante. La revisión de planes de estudio propiciada por la LOSU, recientemente aprobada, podría ser una nueva oportunidad para ello.
