Pedro Sánchez acaba de cerciorarse más de tres años después de que gracias a la abstención de Bildu él es presidente del Gobierno. Si no, no se explica cómo a las puertas de la Casa Blanca deslizara un mensaje sorprendente pese a su aparente lógica: «Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes», por lo que la inclusión de terroristas en las listas de Bildu merece a su juicio, «el mayor de los reproches». Fin de la cita. Quien lo escuchó en Washington pudo verificar que era la misma persona que en la tribuna del Congreso, en enero de 2020, agradeció a ERC y a Bildu el respaldo a su investidura. La misma persona que permitió que María Chivite accediera a la presidencia de Navarra merced a la misma formación proetarra y el mismo gobierno que ha decidido el traslado completo de los terroristas a las cárceles del País Vasco sin arrancarles ni siquiera un perdón a las víctimas. En realidad, es el propio Ejecutivo de España el que ha sufrido un incomprensible ‘lapsus mentis’, que les impide recordar que antes del terrible episodio de los 44 candidatos de la infamia, EH Bildu ya estaba liderado por Otegi, un secuestrador condenado, pero «un hombre de paz» en palabras de Rodríguez Zapatero.

Se hallan el presidente y los ministros del Reino de España quitándose la palabra estos días sobre la «vergüenza», de la acción de Bildu con las candidaturas, sin que se les escuchara hasta la fecha ninguna molestia por pactar leyes en las Cortes, la última la de vivienda. Quizá sea porque la misma dificultad de memoria les impide anotar que la portavoz de Bildu en el Congreso, que estos días se escabulle de los periodistas por los pasillos, fue condenada a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.

Para los más desmemoriados del gobierno y sus aledaños, aclarar que el Tribunal Supremo declaró ilegal a Bildu-Sortu en 2011 «por ser auspiciada por ETA» y tuvo que ser el Constitucional, en un fallo polémico, quien por un voto le rescatara para la vida pública para oprobio de la mayoría de los demócratas, pero con cinco condicionantes, entre ellos el de la prohibición de equiparar a las víctimas con los terroristas y el de ensalzar a los criminales. La AVT ha contabilizado más de 200 acciones de Bildu susceptibles de ilegalización, sin que hasta la fecha se hayan ejecutado.

La inclusión de los terroristas en las listas, un hecho habitual en la organización independentista, debe conducir a los partidos políticos a marcar unas líneas rojas que, efectivamente, empiezan por la decencia.