Para todos igual
Hoy finaliza el plazo para que las empresas soliciten la semana laboral de 4 días con subvención estatal de hasta 200.000 euros. Se trata del plan piloto aprobado por el Gobierno para pymes de hasta 250 trabajadores de implantar reducción laboral sin tocar los salarios para conciliación familiar: las subvenciones cubren del 75% al 90% de los gastos de la empresa, a costa del erario, con un presupuesto de 9.650.000 euros.
El Gobierno sigue planteando iniciativas de altísimo coste cuando la deuda global del país sigue subiendo y está en 1.520.005 millones de euros (a febrero 2023), lo que supone más del 113% del PIB. La deuda pública sube 80.000 millones de euros al año, que es 220 millones de aumento al día. El plan de reducción de jornada con el mismo salario tendría sentido si se pudiera ampliar y financiar a todos los trabajadores del país. Pero antes que nada el Gobierno debería hacer cumplir las cosas pendientes y resolver las tensiones en determinadas áreas de la Administración. Desde marzo de 2022 las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener un plan de igualdad, por conciliación familiar, y la mayor parte ni lo tienen redactado siquiera.
El sector de la sanidad vive una verdadera crisis de exceso de jornadas por la escasez de recursos humanos, llegando a encadenar dos jornadas ininterrumpidas con guardias de trabajo sin descanso. Siguen sin resolverse dos grandes problemas endémicos en este país como la prolongación de jornadas laborales sin retribución de horas extraordinarias y sin su correspondiente cotización, y la prestación de trabajos sin contrato laboral, que se traduce en una economía sumergida que es hoy más del 20%. Cansan los titulares propagandísticos mientras no se resuelven las grandes lacras del país. La prueba piloto de la semana de cuatro días se hace con el sector privado, pero el Estado no lo implanta en la Administración, cuando es el empleador de dos millones de trabajadores públicos. Los dos años de prueba piloto sin duda que van a generar aún más endeudamiento, porque este proyecto es una especie de ‘yo invito, tú pagas’. ¿Qué puede pensar el sector sanitario con los problemas que están viviendo, sobre este nuevo plan del Gobierno?
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