La campaña no debe ser así
En la antesala del inicio de la campaña electoral, el enfrentamiento dialéctico que vienen generando los partidos ha dado otro salto cualitativo en Aragón al entrar en un asunto nuclear de la legislatura que concluye: las energías renovables.
Solo un día después de que la DGA hiciera público que estudia llevar a la Fiscalía la subvención de los toldos de la calle Delicias que otorgó el Ayuntamiento de Zaragoza, el PP ha respondido poniendo en cuestión la gestión del Inaga en los proyectos solares y fotovoltaicos. La democracia se basa en la acción del gobierno y en el control que ejerce la oposición, pero la serie de acusaciones y declaraciones que están protagonizando unos y otros solo cabe interpretarlos como una sobreactuación para alimentar una peligrosa estrategia polarizadora. Los políticos no pueden utilizar las instituciones para agitar una campaña, que debe transitar por derroteros constructivos.
La portavoz popular en las Cortes, Mar Vaquero, ha denunciado irregularidades y una "purga" de funcionarios en el Inaga por permisos ambientales, lo que le ha llevado a reclamar explicaciones al presidente Lambán. De no darlas, "el PP no descarta acudir a la Fiscalía". El Ejecutivo autonómico no se ha quedado atrás y ha instado a los populares a "demostrar con pruebas" sus acusaciones porque, de lo contrario, irán a los tribunales. Ni en un caso ni en otro han aclarado el alcance de las medidas legales.
Más allá de que haya que depurar responsabilidades si las hubiera, lo que es manifiestamente reprobable es que los partidos utilicen actuaciones y proyectos relevantes para la sociedad (desde la Romareda a la unión de estaciones, pasando por las renovables) para emponzoñar el clima electoral. Todas las fuerzas políticas tienen un compromiso con los ciudadanos: que la coyuntura electoral no les ciegue, que no magnifiquen divergencias tácticas y preserven la premisa democrática del juego limpio.
