Existe liquidez y se nota. Aragón cerró el pasado 2022 con un ingreso récord de 210 millones de euros por Sucesiones y Patrimonio. 

La recaudación, entre impuestos directos, indirectos y tasas, se elevó hasta los 3.704 millones. Fueron 100 millones menos que en 2021, pero el ejercicio quedó incluido en la categoría de los considerados como años buenos.

El pasado viernes, la Comisión Europea entregó a España el tercer tramo del fondo de Recuperación y Resiliencia (6.000 millones), un montante que se añade a los más de 30.000 millones recibidos en pagos anteriores. Al margen de las quejas por el retraso en la gestión y distribución de los Next Generation y de las condiciones fijadas por Europa para recibir este dinero (la reforma de las pensiones permitirá el próximo ingreso y esta última transferencia se ha logrado tras acometerse docenas de medidas), España se ha convertido en el primer país de la UE al que le llega este nuevo importe. El dato posee una especial significación, ya que Bruselas, sin ir más lejos, ha retrasado el pago de 19.000 millones a Italia ante las dudas sobre el cumplimiento de los cambios previamente exigidos.

Hacer los deberes tiene su recompensa y al dinero que gestionan las administraciones, que está permitiendo la puesta en marcha de importantes medidas de amparo y protección social, así como el cierre de distintos acuerdos que garantizan una ausencia de la conflictividad (en Aragón esta semana se ha frenado la huelga sanitaria y los casi 12.000 trabajadores de la Administración general han logrado un convenido de 35 horas semanales), se añade la suspensión de las reglas de disciplina fiscal establecidas desde la UE. La pandemia de la covid y la guerra de Ucrania han permitido que durante cuatro años las exigencias fiscales hayan quedado fuera de juego, contribuyendo a una mayor disponibilidad presupuestaria. La Comisión Europea ya ha advertido de que en 2024 regresarán los límites que existieron en el pasado, aunque con dos citas electorales en el horizonte (mayo y diciembre) y con la presidencia española de la UE en el segundo semestre no parece que el Gobierno esté dispuesto a anticipar ninguna medida que fije un nuevo límite del gasto.

En este contexto, en el que se asienta con abierta comodidad cualquier política de perfil preelectoral, no se logra descubrir ninguna preocupación especial por acometer, aparte de las condiciones dictadas por Bruselas, cambios que sepan dar respuesta a las preocupaciones que, según los empresarios, frenan la competitividad. CEOE, Cepyme y las Cámaras de Comercio de Aragón lanzaban esta semana un mensaje al futuro gobierno que salga de las urnas el próximo mes de mayo en el que reclamaban una modernización y reducción del sistema fiscal empresarial para competir en igualdad de condiciones en la UE.

No hay duda de que son muchas las necesidades a las que deben enfrentarse las cuentas públicas, pero convendría aceptar que los vaivenes económicos (solo hay que reparar en lo ocurrido en las bolsas internacionales en los últimos días), más que una amenaza, son una realidad con la que debemos acostumbrarnos a convivir. En la antesala electoral y cuando la disponibilidad presupuestaria actúa como una palanca, es difícil pensar que el viento puede cambiar, pero el fortalecimiento del tejido empresarial es siempre garantía de estabilidad y principal defensa del empleo y de los presupuestos públicos.

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