Cada vez se habla más de la salud mental, sin darnos bien cuenta de las enormes contradicciones y paradojas que al tratar el tema se suelen deslizar. El padecer un trastorno mental, que siempre se ocultaba o se esgrimía a modo de grave insulto, ahora, hasta cierto punto, casi se ha convertido en una reivindicación, al menos entre los más jóvenes. 

El 40% de los españoles se reconoce algún tipo de trastorno mental, y no creo que los encuestados se insulten a sí mismos.

Algo hemos logrado: el estigma se supera. Con lo que, por otra parte, culmina sus propósitos la Sociedad Americana de Psiquiatría, que en las mil páginas de su ‘Manual diagnóstico de los trastornos mentales’ –guía imperante en todo el mundo– no deja desagrado humano alguno sin patologizar. Lo que en la práctica se traduce en el casi monopolio farmacológico de su tratamiento. O sea, a base de pastillas.

Siempre hay excepciones, claro. Como la disforia de género, que si alguien se atreve a insinuar su posibilidad puede terminar en el juzgado y recibir una considerable multa. Se asegura que no hay ninguna enfermedad; pero, con todo, y por lo que sea –que debe quedar en la intimidad de cada cual–, se admite detener el desarrollo biológico adolescente espontáneo con medicamentos de por vida.

Siguiendo con las paradojas: No para de decirse que en España faltan psicólogos, pero probablemente tenemos más titulados que ningún otro país, la mayor parte en paro o trabajando en otra cosa. Según parece su salida como profesionales en el sector privado no es viable. Así que quienes reivindican más psicólogos debieran ser conscientes de que su satisfacción sólo es posible a través de una sanidad pública más potente, o tras incrementos salariales que permitan a tan desmesurado volumen de ciudadanos pagarse a sí mismos sus terapias (lo que nos obliga a pensar bien el voto electoral).

Otra contradicción se da al reconocerse que buena parte de los trastornos mentales más comunes se relacionan con la educación anómala de la personalidad y las disfunciones sociales existentes (acaba de publicarse un estudio que estima que la tercera parte de las depresiones en España se superarían mediante el acceso a un puesto seguro de trabajo). Mientras que la búsqueda de soluciones se reduce exclusivamente a la demanda de incrementos de la tasa de sanitarios y de consultas de salud mental. Por mucho que en verdad todo ello sea necesario, el desenfoque se asemeja al que se hubiera podido cometer si al descubrirse la relación de la peste con la falta de higiene, todo se hubiera limitado a demandar aumentos del número de médicos y enfermeras, pensando que así también se resolvería la desratización, la limpieza de las calles y la pureza del agua de las fuentes.

Igual de paradójico resulta que, conforme más se ha concienciado la importancia de un sistema sanitario robusto y competente, y más ha crecido, más se ha ido politizando su gestión gerencial, alejándola de la plena profesionalización prevista en los loables propósitos iniciales. Nuestros vecinos portugueses parecen haberse dado cuenta de ello. Lo prueba su reciente aprobación de un innovador Estatuto para su Sistema Nacional de Salud que independiza su cúpula directiva del poder político, al que ni siquiera habrá de rendir cuentas. Así de rotundo. Deben tenerlo muy claro y conviene seguir de cerca su experiencia.