Es, sin lugar a dudas, uno de los asuntos que más preocupan a los aragoneses. La sanidad ha pasado de ser una cuestión centrada en la calidad de la atención médica a convertirse en un motivo de desgaste electoral, instalándose en el centro del debate político y presentándose como uno de los principales argumentos de los próximos comicios. 

Porque hablar de la sanidad no es solo hacerlo de las listas de espera o de la dificultad para lograr una cita, es también, sinónimo y reflejo de la consistencia y percepción que tenemos del Estado del bienestar.

Pese a contar con una solvente red sanitaria, tanto por su capilaridad como por la atención dispensada, la mayor parte de los usuarios cree que se está produciendo un progresivo deterioro del servicio. El 73,7 por ciento de los españoles –según una encuesta de DYM publicada por HERALDO esta semana– consideran que, lejos de mejorar, la sanidad empeora con los años. Convertido en un dañino mantra, la percepción de que la sanidad marcha mal ha logrado instalarse en la conciencia colectiva. Aunque esta visión estaría más vinculada a la organización y gestión de los recursos que a la respuesta médica, las dudas se han incorporado a un modelo que presenta una demanda creciente y que requiere, además, de unos presupuestos cada vez más elevados. Fue, precisamente, durante la pandemia cuando las principales carencias organizativas del modelo sanitario quedaron al descubierto, aunque, igualmente, fue en aquellos instantes de colapso cuando se pusieron de manifiesto las importantes garantías médicas que ofrece un sistema que logró resistir.

Los atascos y atrasos, resultado de un deterioro en la gestión acumulado durante años, hablan de la urgencia de debatir sobre cómo mantener la sostenibilidad del sistema, al igual que se hace imprescindible analizar en profundidad una demanda asistencial que atiende a una población cada vez más envejecida y que, quizá, además de médicos, necesite de otros cuidados. Ha faltado previsión a la hora de renovar las plantillas y, también, cuando se ha ignorado que los centros de salud, como entrada natural de los pacientes al sistema, requieren de un mayor repertorio de servicios sanitarios.

Con los sindicatos negociando y con la amenaza de huelga sobre la mesa –la convocatoria del paro casi se solapa en el tiempo, curiosamente, con la celebración de las próximas elecciones sindicales– será muy difícil que el acuerdo no se escape de lo puramente económico. Sabiendo que los comicios autonómicos están a la vuelta de la esquina, no parece que se esté dispuesto a abrir el melón y a abordar un análisis en profundidad sobre los muchos cambios que requiere la sanidad. Gobierno y oposición –ni uno ni otra han dado hasta la fecha con la tecla de la solución– cabalgan sobre una polémica que la responsabilidad debería sacar de la contienda partidista después de haber aplicado durante años demasiados parches y tiritas.

Sabedor de la preocupación que despierta la situación de la sanidad entre la población, el Gobierno aragonés ha optado por la socialización del conflicto, por visualizarlo como un problema de Estado como mejor forma de sacarlo del debate autonómico. Siendo cierto que una parte de la solución tendrá que llegar en forma de un nuevo modelo de financiación autonómica –no es lo mismo Aragón que la Comunidad Valenciana o Madrid–, también resulta evidente que las competencias pertenecen al Pignatelli desde hace más de veinte años.