Las gestiones con la Administración siguen siendo endiabladas por modernas conexiones telemáticas que dispongamos. Para los ciudadanos sin recursos, internet es todavía más infranqueable por la dificultad de acceso a la tecnología y la falta de formación. 

En 2022, de los 310 millones del bono eléctrico social, por ejemplo, solo 200.000 euros llegaron a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión. El Ingreso Mínimo Vital se concedió a unos 550.000 hogares de las más de dos millones de solicitudes recibidas. En muchos casos, ni se pidieron por desconocer la existencia de la ayuda y/o cómo tramitarla.

La farragosa burocracia, en cualquier caso, nos limita a todos. Es universal, no hay distingos. Hay intentos para tratar de aligerarla, como el equipo de Servicios Digitales de Aragón, que acaba de recibir el Premio Nacional de Diseño por ayudar a simplificar y transformar la relación entre la Administración y el ciudadano. Un caso único en España, no obstante, que solo compete a la Administración aragonesa.

El infierno se produce cuando el papeleo se alía con el colapso tecnológico. Ayer mismo, la página de la Agencia Tributaria estaba bloqueada en las primeras horas de la puesta en marcha de la solicitud del cheque de 200 euros para familias vulnerables del paquete de medidas anticrisis del Gobierno. También el atasco en la Seguridad Social de Zaragoza acumula indignos retrasos para tramitar pensiones. Una desesperación que llevó a un usuario a llamar a la Policía por no lograr cita previa. "Llevo más de tres meses intentándolo", lamentaba el frustrado aspirante a jubilado.

Tras la feliz noticia de que Aragón suma ya 22 comunidades energéticas para afrontar la escalada de precios de la luz, descubrimos que el avance es teórico, porque en la práctica sus impulsores se topan con importantes muros en los trámites que demoran su puesta en marcha. Parece ser que España no ha transpuesto aún las dos directivas de la UE que estipulan las ayudas y ahora Bruselas amenaza con sanciones. Otro disparate burocrático.