La España constitucional

El artículo 1.1 de nuestra Constitución establece que "España se constituye en un Estado social y democrático de derecho". Los cimientos de cualquier sociedad moderna radican en la existencia del llamado Estado de derecho. La norma rige nuestras relaciones sociales y todos, ciudadanos y poderes públicos, estamos sujetos al imperio de la ley. Incluso el soberano, como proclamó Juan de Mariana, quien, como tantos sacerdotes y juristas españoles, se adelantó a su tiempo. Los adelantados y los rezagados de la Historia son los que más sufrimientos padecen.

Cuando una autoridad viola la norma, atenta contra el Estado de derecho. Si eso se produce, estamos incursos en un proceso revolucionario o en un golpe de Estado, como sucedió hace un lustro en Cataluña. En ese momento, reina la anarquía e impera el desgobierno. Como precisó el profesor García de Enterría, "nadie puede invocar su origen democrático para infringir la ley".

El Estado de derecho se asienta en la igualdad ante la ley. El artículo 14 de la Constitución establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Nadie puede ser discriminado por cualquier circunstancia personal o social, pero tampoco nadie podrá invocar una circunstancia de esa índole para reivindicar una posición de prevalencia, como ya ha empezado a ocurrir en algunos casos.

España es, además, un Estado democrático de derecho. Significa, como bien dice el artículo 1.2 de la Constitución, que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". El pueblo español, a través de los procesos electorales, elige a sus representantes políticos, que elaboran las correspondientes normas, desde las leyes a los reglamentos (a veces, una ordenanza municipal afecta más a un ciudadano que algunas leyes orgánicas). De esa elección se infiere que no hay democracia sin pluralismo político y no hay pluralismo político sin democracia.

Por fin, España se constituye en un "Estado social y democrático de derecho". El carácter social de nuestro Estado nada tiene que ver con la beneficencia o con la caridad, ni mucho menos con el reparto de cheques equivalentes a la sopa boba. El artículo 9.2 de nuestra Constitución dispone que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas". Nuestra norma suprema propugna la igualdad de oportunidades y para lograrla se implementa un sistema fiscal progresivo y se garantizan algunos servicios públicos esenciales.

"La propiedad obliga", establecía la Constitución alemana de Weimar en 1919. La nuestra alude a la "función social de la propiedad". El estatuto de las diferentes propiedades conlleva derechos y cargas. Como se canta en algunas versiones de la Internacional, "no hay derecho sin deber". Pero aquí también deben reivindicarse unos deberes que incumban a todos, aunque de manera progresiva. Al igual que la propiedad comporta cargas y obligaciones, muchas prestaciones sociales deberían acarrear alguna clase de carga para el beneficiario.

En 1975, cuando muere Franco, España era un Estado asistencial y autoritario de derecho. Aunque tal vez esté siendo injusto con el dictador, porque estaban ya asentadas las bases del Estado social. En 1971, la Asamblea de Catalunya divulgó un lema que se iba a repetir en las diferentes manifestaciones antifranquistas. El eslogan era "libertad, amnistía y estatuto de autonomía". Es decir, se reivindicaba la libertad y se demandaba la descentralización. Medio siglo después, en ‘els carrers’, algunos exigen "libertad, amnistía y derecho de autodeterminación". Son incorregibles. De manera solapada y paulatina, se nos está privando así de pequeños espacios de libertad, poco a poco, pero uno tras otro, aunque sea en nombre de un hipotético progreso. Siempre nos quedará París.