Cuando todos pensábamos que las energías renovables iban a resolver nuestras penurias de golpe, resulta que no. Veíamos en ellas menos afecciones ambientales pero también sociales, pues reducen las dependencias energéticas foráneas a la vez que mejoran la contaminación del aire urbano, ayudan a la estabilización de los precios de todo consumo diario (incluidos alimentos y otros productos) y restan pobreza energética. 

Para empezar, habrá que subrayar que la energía más limpia y barata es aquella que no se consume, que se ahorra. Esta es la base de la transición energética, tanto en domicilios privados como para el interés público, pero hay más.

En primer lugar debemos descifrar el eslogan "renovables sí, pero no así". El acuerdo unánime en retardar la ya inevitable crisis climática –uno de cuyos vectores principales es la energía– no se consigue de la noche a la mañana, ni solo con renovables; hay que concertar intereses personales, sociales, empresariales y ambientales. La creciente crisis mundial tras la invasión de Ucrania ha acelerado la reflexión energética; es lo único positivo que ha traído.

No hace mucho leímos la noticia (HERALDO, 16 de diciembre de 2022) de que el Ayuntamiento de Zaragoza pretendía poner placas en los tejados de 88 colegios para así ahorrarse en torno a dos millones de euros anuales. En otros lugares se incentiva el autoconsumo y la creación de comunidades energéticas que gestionan sus necesidades y producción. Al tiempo, emerge la oposición de los habitantes de la zona rural a la instalación de macroparques eólicos o fotovoltaicos, a pesar de la reducción de ingresos en sus depauperadas arcas municipales. También sectores ecologistas critican la rebaja de exigencias ambientales para los parques energéticos de más de 50 MW, declarándolos ‘de interés público superior’, norma ‘ad hoc’ temporal que será recurrida por sus dilemas jurídicos, entre ellos el cambio de protección de lugares singulares casi vírgenes por plantaciones renovables que anulan el conjunto paisajístico, en algunas zonas casi su único patrimonio colectivo.

Con esto se origina un cisma ideológico y social en la lucha climática. Hay que abrir un debate profundo, necesariamente colectivo, que analice conjuntamente el abandono inmediato de los combustibles fósiles y la protección de los enclaves singulares. Algunos defienden no posponer la transición pero que esta no se haga únicamente a costa del suelo local sino que entren en juego expansiones renovables combinando la instalación fotovoltaica en tejados –comunidades energéticas– con los parques en suelos ya degradados como cubiertas de aparcamientos o instalaciones públicas, a lo largo de la red ferroviaria, encima de antiguos vertederos, o en instalaciones mineras o industriales abandonadas (caso de la térmica de Andorra).

Hay que recordar que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) persigue una reducción en 2030 de un 23 % de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. No todo es posible ya, pero dado que la malla de transporte eléctrico es amplia en España pueden combinarse el autoconsumo cerca del destino, compensado en sus excedentes, con otras soluciones. Porque la transición energética supone electrificar demandas nuevas como el transporte, la calefacción o la industria. Con todo, es necesaria una buena planificación pública previa que cuestione las apetencias arrasadoras de fondos de inversión (‘lobbies’) y empresas energéticas –se han repartido el pastel energético, aprovechan los agujeros negros de las finanzas renovables y pintan de verde su publicidad–, que explique a la ciudadanía qué se haría con la energía renovable sobrante, si la hubiere. ¿A quién beneficiaría?

Por cierto, el lío de las renovables no acaba aquí, aun cuando la demanda de gas y electricidad haya bajado con respecto a 2021. Está el asunto del hidrógeno verde –muy verde al menos en transporte y almacenamiento–, la partición de proyectos para obviar ciertas normas, las otras renovables, así como la educación de la ciudadanía y empresarial. Por eso, es imprescindible una programación pública, participada y consensuada, para desenredar la madeja renovable y ser energéticamente independientes a futuro, sin excesos. De hecho, el 17 de enero la eólica ya abasteció el consumo de Aragón.