Alguien dijo un día que la justicia era un cachondeo, y tengo entendido que debió costarle algún que otro disgusto; pero si algo hay ahora que es un verdadero cachondeo es el asunto de las facturas de la luz y el gas. 

No hay conversación de vecinos, entre familiares, en la barra del bar o en la oficina en la que no se aborde o trate de la cuestión de las facturas y tarifas, y no tanto ya por el importe que suponen, que no deja de ser también un cierto cachondeo incontrolado e incontrolable, cuanto por el desmadre de su interpretación y variedad.

Es realmente curioso que existan tamañas diferencias de precios entre viviendas y consumos muy semejantes. Claro que, entre la compañía suministradora, la comercializadora, el tipo de contrato y la tarifa aplicable (regulada, TUR, libre…) se arma tal follón que es imposible entender y explicar por qué la familia del 4º derecha paga el doble que la del 4º izquierda con unos parámetros y hábitos de consumo exactamente iguales.

Es evidente que disponer de energía eléctrica o de gas es una necesidad absoluta para vivir hoy en día; me atrevería a decir que es casi como un derecho de los ciudadanos; y voy a basarme en este argumento para decir que, siendo eso así, alguien tiene que garantizárselo al ciudadano y en condiciones de igualdad o, dicho de otra manera, en igualdad de coste. Esos vecinos del 4º no pueden ni tienen por qué pagar el kilovatio a precios tan diferentes. No se explican estas diferencias en el coste de un bien tan imprescindible para la vida y mucho menos en una situación de crisis como la que están viviendo las familias, que soportan las hábiles maniobras del oligopolio eléctrico que funciona en España y su influencia en las decisiones de los sucesivos gobiernos cuyos miembros y consejeros de las eléctricas se entremezclan a través de esas puertas giratorias que vaya usted a saber qué es lo que recompensan.

Me gustaría que un gobierno tan redentor de los pobres y los humildes –dejen ya de usar de una vez esa palabreja de "vulnerables"– tuviera el valor de meter en cintura a las compañías eléctricas y estableciera una tabla rasa para sus facturaciones de modo que todos pudiéramos entender lo que se nos cobra y el por qué, considerándonos a todos ciudadanos de la misma condición. Y se evitaran esas discusiones y esas perplejidades a la hora de analizar el precio del kilovatio, tan dispar a veces que produce un más que justificado enojo y cabreo. ¡Explíquense, caramba!

Mientras se nos trate como a súbditos, ese cachondeo de las facturas y tarifas va a persistir. Va siendo hora de que el gobierno de turno defina de verdad una política energética seria, tanto en el ámbito de las fuentes de generación de energía como en el no menos importante de determinar y regular los componentes del coste de nuestras facturas, de modo que todos los españoles nos sintamos tratados por igual y con respeto.