El Luis Buñuel, oportunidad tecnopolítica
En el máster que imparto enseñamos al alumnado a detectar prácticas tecnopolíticas; es decir, soluciones eficaces a problemas urbanos nacidas de la cooperación entre la ciudadanía. Les formamos, como futuros gestores públicos, para sacar provecho de los proyectos impulsados desde la base social y articular gobernanzas más participativas en torno a la gestión de los recursos y los bienes comunes.
Los beneficios de este tipo de modelos están vinculados con una mejora de la calidad de vida en las ciudades. Por un lado, permiten reducir los costes económicos derivados de las subcontrataciones clásicas con la ventaja añadida de que la ciudadanía es la que diseña el espacio en función de sus necesidades (y sus deseos, que también son importantes). Por otro, facilitan la construcción de lazos sociales que reducen dolencias como la depresión, la ansiedad y otras derivadas parcialmente del aislamiento y el ‘aparcamiento’ al que se condena a toda persona que no sea productiva en el mercado laboral. Ser sujetos activos, y no meros usuarios, de los servicios públicos tiene que ver con estar en contacto con los demás, con tener vidas significativas y que nos hagan felices.
El conflicto abierto por el actual gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel es un problema tecnopolítico de manual. Mejor dicho, contra lo tecnopolítico. El edificio, situado en la plaza Santo Domingo, empezó a ser utilizado por vecinos y vecinas en 2013, tras nueve años de abandono, con el consentimiento de las autoridades locales. Les impulsaba la fuerza del 15M y también el convencimiento de que el Consistorio entendería el beneficio social de la autogestión vecinal del equipamiento. El Gobierno municipal de entonces, del PSOE, facilitó condiciones mínimas de habitabilidad del edificio (luz, calefacción y pequeñas reformas). En 2018, el Gobierno de Zaragoza en Común amplió el reconocimiento municipal con la firma de un convenio de cesión, hoy denunciado y cuya última sentencia está recurrida a la espera de pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal Supremo. Cabe señalar que lo que han cuestionado los tribunales es la forma del convenio, no la posibilidad de que el edificio tenga un uso comunitario.
¿Cuál es el plan del Gobierno PP-Ciudadanos? ¿Dejar el edificio vacío hasta que esté escrito, licitado, ejecutado y en funcionamiento el centro cívico que promete? ¿Tiene sentido expulsar a sus legítimos habitantes para volverles a convocar dentro de varios años y pedirles que, entonces sí, hagan uso de las instalaciones, con horarios limitados por la administración porque no hay dinero para pagar a los trabajadores? Aludir al fallo judicial como único argumento es no comprender la belleza que exhibe el CSC Luis Buñuel como espacio intergeneracional e intercultural levantado a pulso por la gente de manera desinteresada. Es por eso que resulta insuficiente la oferta de Podemos de acoger las actividades en centros cívicos de la red municipal. No son solo las actividades –que también– lo que toca preservar, sino el ejercicio de democracia e inclusión radical de la diferencia que ha dado vida a un lugar que ya forma parte de la identidad colectiva del barrio del Gancho y de la ciudad de Zaragoza.
La solución más lógica pasa por crear otro convenio que satisfaga a todas las partes. Para ello, PP y Ciudadanos –también el resto de las fuerzas, especialmente en año electoral– deben desprenderse de su corsé ideológico: les permitirá adoptar una mirada más audaz sobre el asunto. ¿Por qué no aprovechar lo que ya existe y consolidar un centro cívico de modelo público-comunitario, como hay en otras ciudades españolas? Es solo una posibilidad de tantas que son mejores, desde luego, que forzar un desalojo –que además ejecutan vergonzosamente sin tan siquiera dar un mínimo reconocimiento al trabajo realizado–. Es cuestión de querer, y sobre todo de saber ver la validez y la oportunidad en las soluciones nacidas de la cooperación ciudadana.
