La democracia se identifica con la regla de la mayoría simple. 

No obstante, en las llamadas democracias de consenso se establecen para determinadas ocasiones unas mayorías cualificadas (mayorías absolutas, de tres quintos, de dos tercios…) con el objetivo de crear acuerdos entre la mayoría y la oposición. La exigencia de esas mayorías cualificadas fue la opción de los constituyentes de 1978 para la elección de determinados cargos que tienen funciones de control y se hizo con el objetivo de despolitizarlos al máximo, de manera que la mayoría y la oposición se pusieran de acuerdo en personas de reconocido prestigio por encima de ideologías. Así, la Constitución exige mayoría de tres quintos para la elección de los ocho magistrados del Tribunal Constitucional elegidos por las Cortes o de los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos también por las Cortes.

Esta opción de los constituyentes por la despolitización de determinados órganos de control y la búsqueda de consensos se continuó por el legislador, que también exigió la mayoría de tres quintos para la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional elegidos por el CGPJ, de los doce vocales de origen judicial del CGPJ, del Defensor del Pueblo o de los consejeros del Tribunal de Cuentas.

Ciertamente la opción por las mayorías cualificadas, que tanto el constituyente como el legislador adoptaron, tenía sus riesgos por cuanto con la excepción a la regla de la mayoría simple se otorga a la oposición una posición privilegiada que le permite el bloqueo en el ejercicio de esta función. En definitiva, la exigencia de mayorías cualificadas, para que cumpla su objetivo, parte de un funcionamiento democrático en el que la mayoría y la oposición se respetan como "adversarios legítimos" y pactan en cuestiones como el nombramiento de los órganos que deben controlarlos. Y así fue durante los veinte primeros años de nuestra democracia. La exigencia de mayorías cualificadas para los nombramientos de cargos cumplió su función y sirvió para que PP y PSOE lograran consensuar determinados nombres para ocupar puestos en órganos de control.

Sin embargo, a partir de 2001 el sistema se empezó a deteriorar. Conscientes los partidos políticos ya de su ilimitado poder, estaban ya poco dispuestos a su control y empieza una carrera por el control de los órganos controladores. En ese año coincidieron las renovaciones de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (los nombrados por el Congreso), los miembros del CGPJ y los del Tribunal de Cuentas. En ese momento las mayorías cualificadas dejaron de cumplir su función de consenso ya que el PP y el Partido Socialista hicieron un acuerdo basado en el trueque de puestos. Desde entonces el consenso se ha sustituido por el ‘sistema de cuotas’ según el cual cada partido elige a los suyos y el otro partido no los veta. Se cumple formalmente con la mayoría exigida, pero incumple el objetivo de consenso que tenía dicha mayoría. Se deja de cumplir el fondo, pero se mantienen las formas.

En un paso más de nuestro deterioro democrático, el PP y el PSOE se han dejado de reconocer como ‘adversarios legítimos’ y ocho vocales del CGPJ (todos ellos elegidos por el PP y cuyo mandato ha expirado hace más de cuatro años) vetan ‘la cuota’ elegida por el PSOE. El Gobierno, a través de sus grupos parlamentarios, decide entonces dejar de mantener las formas y sustituir la mayoría cualificada por la regla general de la mayoría simple para la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional elegidos por el Consejo. Es una reforma constitucionalmente legítima, por cuanto esa mayoría es solo exigida por la ley y no por la Constitución, pero evidencia el grado de nuestro deterioro democrático.

La Constitución de 1978 creó un sistema político con un protagonismo absoluto de los partidos. Fue un momento de mitificación de los partidos, frente a la persecución que habían sufrido durante el franquismo. Pero, a la vez que imprescindibles, constituyen hoy un peligro para la propia democracia. Por definición son asociaciones que buscan alcanzar el poder y, cuando lo alcanzan, no perderlo y en esta lucha por el poder los límites de la democracia liberal son un obstáculo. Como ya advirtió Tocqueville, con los partidos "y su afán por conquistar y conservar el poder, la libertad peligra". Si, además, funcionan sin control y sin el reconocimiento mutuo como adversarios legítimos, la libertad desaparece.