La cuestión de la reforma de los delitos de sedición y malversación está llena de aristas cortantes. 

Pero Emiliano García-Page tuvo el otro día el acierto de señalar una de las más hirientes: el Gobierno y el PSOE están pactando con los delincuentes su propia condena. Que es tanto como decir que en España se legisla al dictado de los criminales. Son ellos quienes hacen las leyes, y el Congreso y el Senado las ratifican. El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado escandalizado, con mucha razón, por todo este asunto. Y también, en más de una ocasión, ha mostrado su indignada discrepancia el presidente aragonés. Ayer mismo Lambán decía que "malversar fondos públicos para financiar un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre de 2017, lejos de tener ningún tipo de consideración atenuante, debería tener una consideración agravada". Seguro que la mayoría de los españoles están de acuerdo. Y seguro también que lo que millones de ciudadanos no pueden comprender es que, entre los ciento veinte diputados socialistas, no haya aunque solo sea media docena de justos y valientes que decidan votar en contra de lo que les mandan sus jefes. Porque no hay duda de que muchos diputados del PSOE estarán de acuerdo con Page o con Lambán. Bastaría con que unos pocos diputados socialistas se jugaran su carrera política votando no en lugar de sí, en consonancia con el sentir del pueblo español, para arruinar los planes de Sánchez. ¿Hay que dar por hecho que no habrá en los escaños del PSOE un puñado de hombres y mujeres con coraje y dignidad?