Transporte y despoblación
La nueva Ley de Movilidad Sostenible, aprobada por el Consejo de ministros y que ahora inicia su tramitación parlamentaria, incluye una revisión de las rutas de autobús estatales que reducirá notablemente el número de paradas en todo el país.
En Aragón, la medida dejaría sin servicio a 151 municipios. Ante las críticas llegadas desde esta y otras Comunidades, la ministra Raquel Sánchez ha admitido que se está trabajando con las autonomías para mejorar el servicio. La DGA tiene que utilizar todos sus recursos para paliar este recorte, que afectaría a más de 134.000 ciudadanos. Es necesaria una clara mejora del ‘nuevo mapa concesional’ de autobuses del Estado o un transporte alternativo de calidad para evitar que el desequilibrio territorial en el interior de la Comunidad vaya a más.
La red actual de carreteras, trenes y autobuses es el claro reflejo de que las infraestructuras se han trasladado progresivamente a las grandes ciudades a costa de las pequeñas poblaciones. En este mapa de transporte público, destacan los trenes de alta velocidad y decenas de autovías para conectar las grandes urbes y los grandes negocios. A cambio, los pueblos ya no son ni parada de tren ni apeadero de autobús. El nuevo ajuste de líneas presentado por el Ministerio insiste en esta tendencia.
Los sucesivos gobiernos centrales han sido y son los primeros responsables de esta situación. Si la Moncloa, como proclama, quiere luchar de verdad contra la despoblación tiene que propiciar que el medio rural disponga de internet de calidad, carreteras dignas y medios de transporte colectivo. Si no puede haber un tren o un autobús, se deben implementar otras fórmulas como, por ejemplo, el uso compartido de coches. Sea como fuere, las políticas públicas deben dirigirse a asegurar la calidad de vida que ofrecen las pequeñas ciudades y los pueblos para que haya personas que puedan continuar habitándolos o que se planteen instalarse allí.
