Los movimientos y las reacciones del Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas han hecho cada vez más patente su dependencia de unas alianzas inapropiadas y peligrosas, así como las crecientes tensiones internas a las que está sometido y su afán por controlar instituciones clave del Estado. 

A seis meses de las elecciones autonómicas y municipales, el desgaste que esta deriva supone es un lastre para las candidaturas del PSOE, pero además erosiona seriamente el funcionamiento de la democracia.

Pedro Sánchez ha conseguido la aprobación de los Presupuestos de 2023, pero las concesiones a las fuerzas separatistas que ha realizado impiden valorarlo como un éxito. Casi al mismo tiempo, el PSOE sacaba adelante una reforma del Código Penal que desarma al Estado de derecho frente a nuevas tentativas separatistas y ofrecía a los filoetarras la retirada de la Guardia Civil de las carreteras de Navarra. Entre tanto, la polémica por las consecuencias de la ley del ‘solo sí es sí’ dejaba en evidencia una lamentable torpeza jurídica, mientras se agudizaban las tensiones entre los socialistas y Podemos a propósito de otros proyectos, como la ‘ley trans’. En medio de este panorama efervescente, Sánchez no ha tenido empacho en nombrar como magistrados del Tribunal Constitucional a dos personas que, por su estrecha vinculación a su propio Gobierno, son claramente inadecuadas para una función que requiere un mínimo de neutralidad política. No es extraño que toda esta serie de polémicos movimientos haya suscitado la desconfianza y aun la protesta de algunos barones socialistas, que temen que el rechazo que esta política produce en muchos españoles acabe repercutiendo negativamente en las posibilidades del PSOE en los comicios del próximo mes de mayo. Pero lo peor es que el Gobierno de Sánchez está desgastando, no solo su propio crédito, sino la solidez de las instituciones de nuestra democracia.