Después de años pidiendo una defensa efectiva para las mujeres contra la violencia sexual, de pedir mayores penas contra violadores y agresores sexuales y una reforma del Código Penal ante las nuevas formas de someter la voluntad de una persona para violarla, había expectativas lógicas con la Ley de garantía integral de la libertad sexual, o Ley del “sólo sí es sí”. 

Pero un eslogan no basta y es inadmisible que en nuestro país nazcan leyes con carencias, por prisa, perjudicando precisamente a quien se pretendía proteger. De partida no se entiende que la nueva ley reduzca penas en los delitos sexuales cuando defender a las víctimas requiere endurecer castigos y que no salga barato agredir sexualmente a una mujer. En Derecho Penal existe el principio constitucional de aplicar la norma más favorable al reo aunque al entrar en vigor la ley nueva éste ya tenga sentencia firme, y resulta que la ley “solo sí es sí” no ha incluido una disposición transitoria (como se hizo en la reforma del C.P. de 1995), que habría evitado la revisión a la baja de las penas de los agresores sexuales, abriendo un peligroso resquicio legal con este fallo. En su gestión no se atendieron los informes del Consejo del Poder Judicial y el Consejo de Estado ni las enmiendas de la Fiscalía General, que alertaban de carencias y de estos riesgos. Pero aún es más grave que viendo que hay fallos importantes en su redacción, nadie se responsabilice ni busque una solución inmediata. El plan del Gobierno es no modificar nada y esperar a que el Tribunal Supremo unifique criterios. Pero hasta entonces todas las sentencias que se dicten rebajando penas supondrán un daño aún mayor para las víctimas. En vez de reconocer que la ley tiene fallos se culpa de machistas a quienes la aplican, cuando más de la mitad de los 5.500 jueces y magistrados de España son mujeres. Aprobar leyes mal estudiadas es responsabilidad del Gobierno y los partidos que la votaron así redactada

Y en vez de corregir el error cuanto antes, el Ejecutivo vuelve a atacar al Poder Judicial, lo que no es propio de una democracia sana. Si se quiere defender de verdad a las mujeres víctimas de delitos sexuales ¿no deberían corregirse cuanto antes las lagunas que tiene esta ley?