El Gobierno ha vuelto a hacerlo mal en un problema delicado.

Ni el gobernante ni el juez pueden hacer lo que quieran y cuando quieran y sus intenciones, por buenas que sean, no justifican el error ni la negligencia. Es el imperio de la ley.

El artículo 9 de la Constitución dota a los españoles de amparo contra el déspota y el abusón. Dice que las leyes obligan también a la autoridad. Añade que todos los poderes públicos deben obrar de forma que, en efecto, la libertad y la igualdad legales sean efectivas. Y concluye ordenando que todo ha de hacerse de acuerdo con las leyes; que estas se subordinan a las de mayor rango; que el poder no puede incurrir en arbitrariedades; y enfatiza de modo expreso que una norma punitiva no puede tener efectos retroactivos: si algo es punible hoy, pero ayer no lo era, no se puede castigar con una nueva ley lo hecho en el pasado.

De ahí se infiere lo inverso: si una nueva ley establece que cierta acción que era punible ya no lo es, o lo es en menor grado, a quienes en el pasado hayan sido castigados por ello debe aplicárseles la norma nueva, que les favorece.

Por estar condenados a penas mayores que las establecidas por la nueva ley, están quedando libres, o con penas reducidas, un gran número de violadores, pedófilos y otros agresores sexuales indeseables. Celebran este beneficio inesperado con que les ha obsequiado el Gobierno sin pretenderlo. Y, con él, los doscientos cinco diputados que aprobaron la iniquidad en agosto. Estaban advertidos de lo que iba a ocurrir, pero no por un supuesto machismo judicial, sino por ignorancia del Gobierno y de la mayoría parlamentaria. Lamentable.

Los gobiernos proponen leyes al parlamento por dos vías. Una omite muchos controles (ocurre con desoladora frecuencia en nuestro país, cuando solo debiera usarse en casos de gran urgencia) y otra implica reflexión y debate en comisiones laboriosas. En este segundo caso, según sea el asunto, deben adelantar su opinión ciertos organismos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y otros más.

El Gobierno no está obligado a adoptar su criterio. Se puede pensar que, si todos esos entes colegiados están de acuerdo en una opinión, será imprudente ignorarla. Lo es; pero en la España de ahora no resulta raro.

Está claro en el caso de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual (‘Solo sí es sí’), en la defensa de cuyas graves deficiencias se ha distinguido, por su desconsiderada vehemencia, la ministra podemita Irene Montero Gil. Nada dice la ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca, copartícipe principal en la autoría, porque sufre una oportuna enfermedad que, al parecer, le impone silencio estricto. Yolanda Díaz Pérez, aunque sana, está igualmente afectada de afasia virtual, porque, al revés que Llop, habla; pero, al igual que Llop, no dice nada. Esta ley generadora de problemas evitables la aprobó el Gobierno en pleno.

Tufo añadido

Pedro Sánchez y Felipe VI (que no puede zafarse) «mandan guardar y hacer guardar esta ley a todos los españoles». Y la ley, que debe cumplirse, ha tenido efectos escandalosos: según previnieron los organismos consultados, pues beneficia a delincuentes detestables. Por incompetencia.

Se advirtió al Gobierno que su texto implicaba «una reducción del límite máximo de algunas penas». Y que la pena por «el tipo agravado de violación», que era de 12 a 15 años, pasaba a ser «de 7 a 12». Da lo mismo que lo niegue la juez podemita Victoria Rosell Aguilar. Y no consuela que Patxi López, el lacayo perfecto, arguya que si la ley está mal ya se cambiará. Así de fácil. O que Sánchez remita el feo asunto a la eventual creación de doctrina por el Tribunal Supremo -‘ad kalendas graecas’-. El deber de los jueces es aplicar la ley. Y si esta es interpretable están forzados a interpretarla, quieran o no. Esta ley no es solo eso y contiene mejoras. Pero también es eso. Una chapucería dañina que no puede imputarse a mala voluntad de unos jueces machistas.

La incompetencia es una forma de corrupción. El incompetente es corruptor. Genera fraude en la calidad del producto (una mala ley, un presupuesto falseado, el nombramiento de nepotes), precio excesivo para el cliente/ciudadano (costes imprevistos de la acción) y quebrantamiento de la garantía (la confianza en el legislador o el gobernante).

No es que el Gobierno lo haga todo mal, porque es imposible. Pero lo que hace mal ni es poco ni es pequeño. Y esta pifia en la ley penal suma tufo al que ya tenía, impregnado por sus socios de investidura. España ha sido y es un país resistente y coriáceo frente a los peores de sus hijos. Siempre han sido más las gentes que hacen sus tareas que los redentores pagados de fatuidad y soberbia. Vale la pena releer este apunte del sabio e ilustrado Jovellanos: «Al cabo, la razón vengará algún día las injurias que hoy recibe de la ignorancia». Ojalá.