El Gobierno está dispuesto a estudiar una modificación más profunda del Código Penal que incluya, además del de sedición, el delito de malversación, por el que también han sido condenados o acusados algunos líderes del ‘procés’. 

Estas dos reformas benefician a los políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo y favorecen las condiciones del regreso de los huidos. También José Antonio Griñán podría ser uno de los primeros beneficiados por un cambio de la malversación. Esta irresponsable iniciativa de Pedro Sánchez genera un deterioro normativo, cede al chantaje de los partidos secesionistas, desautoriza la sentencia del Supremo y deja al Estado al capricho de los partidos que han prometido que volverán a intentar acabar con la unidad de España.

Tras el polémico anuncio hecho por Pedro Sánchez la semana pasada de la próxima eliminación del delito de sedición y su sustitución por un delito agravado de desórdenes públicos, el Gobierno vuelve a generar una extraordinaria polémica al dar a entender que también va a modificar el de malversación. ¿Por qué ahora? Solo una maquiavélica voluntad de asegurarse el apoyo de los partidos independentistas para conservar el poder puede explicar unas decisiones tan drásticas e inoportunas.

La Moncloa ni siquiera ha abierto un debate parlamentario y jurídico para analizar unos cambios relevantes en el Código Penal, sino que opta por la vía de urgencia: el mecanismo de la proposición de ley acorta el proceso legislativo a unas pocas semanas a costa de evitar los informes preceptivos del CGPJ y del Consejo de Estado. Además, Sánchez está tensando las cuadernas del PSOE, un partido de Estado desde el comienzo de la Transición democrática, al encarrilarlo en una reforma legal que critican abiertamente algunos de sus más significados barones.