El Gobierno va a modificar otro de los delitos por los que fueron condenados los principales líderes del ‘procés’: si la semana pasada fue el de sedición, esta es el de malversación. 

Admiten discusión los argumentos jurídicos a favor y en contra de tales modificaciones. Lo que es indiscutible es que Pedro Sánchez erosiona al Estado al ejecutar estas modificaciones del Código Penal cuando se lo exigen los mismos partidos secesionistas que llevaron a cabo el intento del golpe de Estado en Cataluña hace cinco años. Como los independentistas no pudieron desobedecer la ley, ahora doblan la mano al Ejecutivo (que lo acepta) para que la cambie.

La suerte que tenemos los españoles, como todos los ciudadanos de las democracias del mundo, es que disfrutamos de un ‘Estado social y democrático de Derecho’. Así figura explícitamente en la Constitución de 1978 en su artículo primero. El Estado de Derecho significa que el poder también está sometido a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, de manera que, según la frase clásica, ‘gobiernan las leyes y no los hombres’. Lo que no puede hacer ningún Parlamento (Poder Legislativo) es permitir al Gobierno (Poder Ejecutivo) adaptar los reglamentos y los estamentos jurídicos (Poder Judicial) a su conveniencia porque las leyes son precisamente la principal defensa de los ciudadanos frente a la tiranía y las arbitrariedades de los poderosos.

Resulta demencial que la Moncloa no se afane en fortalecer el Estado de Derecho, sino en debilitarlo.