Dicho y hecho

Cuando estas líneas se publiquen es posible que ya se haya anunciado, de forma solemne, a bombo y platillo, el acuerdo entre socialistas y populares para renovar, con cuatro años de retraso, y tras el bloqueo de los segundos, una institución renovable cada cinco por mandato constitucional: el Consejo General del Poder Judicial. 

Los conservadores han supeditado la renovación del CGPJ, en esta ocasión, pues no es la primera vez que se da esta circunstancia, a la reforma del sistema previsto por el legislador para designar a algunos de sus vocales. Y si bien el cambio propuesto tiene ciertas ventajas –también ciertos riesgos–, lo más llamativo ha resultado ser, con razón, la frivolidad demostrada por quien supedita el cumplimiento de una disposición constitucional a la consecución de un objetivo político.

Cuando el constituyente previó que el CGPJ fuese renovable cada cinco años, no anudó al incumplimiento de esta previsión una consecuencia jurídica en forma de sanción. Su observancia trascendía de lo jurídico y se hacía depender, exclusivamente, de la cultura política. Sin embargo, episodios como éste no hacen si no poner de manifiesto que de dicha cultura andamos faltos: es grande el trecho entre lo dicho –por la Constitución– y lo hecho –por nuestros representantes–. El diseño jurídico más exquisito se resiente cuando se edifica sobre los cimientos de una cultura política endeble. Con el Derecho, se dice, no se puede todo: aunque sin él, tampoco conviene olvidarlo, no se puede nada.